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Las relaciones laborales en el Chile de la OCDE

La reforma laboral: Una deuda impaga

El paisaje sociopolítico en Chile hoy está signado por la ausencia de relaciones laborales modernas, de cooperación y convergencia entre actores sociales, empresariado, movimiento sindical y Estado, más allá de las naturales diferencias que esta tríada debe confrontar. En el caso chileno impacta la brutal asimetría de poder en las relaciones entre empresarios y trabajadores, incompresible para un país que se enorgullece de ser miembro pleno de la OCDE.

Incidir en el sistema de relaciones laborales en sociedades modernas, en aras de mayor justicia social, implica disputar poder así como parte de la plusvalía que se genera en la relación capital-trabajo.

Esto explica, en parte, por qué Chile mantiene los principios del marco regulatorio de las relaciones laborales y de las relaciones colectivas del trabajo inspirada en la matriz neoliberal del Plan Laboral instaurado por la dictadura cívico-militar, que sigue conformando el corazón del Código del Trabajo hasta hoy. Los expertos de la Fundación Sol, G. Durán y K. Narbona, señalan que: “El Plan Laboral correspondió únicamente a dos leyes: una sobre sindicatos (DL 2.756, publicada el 3 de julio de 1979) y otra sobre negociación colectiva (DL 2.758, publicada el 6 de julio de 1979)… Esta nueva legislación estaba asentada en cuatro pilares: 1) negociación colectiva centrada en la empresa (en la gran empresa, en los hechos); 2) huelga que no paraliza (permitiendo reemplazantes en huelga y limitando ocasiones en que la huelga puede llevarse a cabo); 3) paralelismo de agrupaciones de trabajadores (sindicatos pequeños compitiendo entre sí y con grupos negociadores) y, 4) despolitización sindical (ruptura del vínculo entre sindicatos y asuntos generales de la sociedad)” (1).

La deuda acumulada por la ausencia total de una reforma de envergadura en estas materias a lo largo de cuatro gobiernos de la Concertación se tornaba insostenible en el contexto del gobierno actual, cuya bandera principal es la superación de la desigualdad al interior de la sociedad chilena. Incluso en el primer gobierno de la presidenta Michele Bachelet, la reforma laboral estuvo planteada por el sindicalismo nacional con el apoyo del entonces ministro del Trabajo y Previsión Social -hoy presidente del Partido Socialista- Osvaldo Andrade, pero fue el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien bloqueó tenazmente esas sentidas reivindicaciones del movimiento sindical y se opuso en su momento a la creación de una AFP estatal. Siempre es saludable recordar el papel del movimiento sindical en la lucha antidictatorial en tiempos en que los partidos políticos, especialmente de la izquierda, estaban al margen de la ley y eran perseguidos por Pinochet.

El sindicalismo chileno deviene en catalizador y convocador de grandes y masivas demostraciones político-sociales que abrieron la vuelta a la democracia y el despegue de los gobiernos concertacionistas. En este sentido, especialistas en relaciones laborales señalan que la antigua Concertación no logró saldar esta deuda con el movimiento sindical. Más aún, constatan que los principios regulatorios de las relaciones colectivas de trabajo ponen en evidencia la preservación inalterada de la matriz del Plan Laboral de la dictadura cívico-militar (2).

Cierto es que el Código Laboral ha sufrido cambios desde entonces pero, tal como sucede en otras materias, las modificaciones registradas no representan transformaciones estructurales respecto del paradigma de origen. Al permanecer inalterada la matriz neoliberal que sella la enorme asimetría entre el poder del sector empresarial frente a las organizaciones sindicales, resulta ineludible para las autoridades del actual gobierno de la presidenta Bachelet encarar un nuevo pacto laboral, o nuevo Código Laboral.

Vuelve a ser el sindicalismo nacional, por intermedio de sus dirigentes más emblemáticos de la CUT, la ANEF, la CONFUSAM, la FTC y otras organizaciones sindicales nacionales, quienes hoy ponen en la agenda política este “cuarto pilar” con la urgencia y centralidad que amerita, junto con las reformas tributaria, educativa y una nueva Constitución. En su documento base La CUT y los cambios que Chile necesita. Para profundizar la democracia en el trabajo, esta central sindical destaca: “El Código del Trabajo que rige las relaciones laborales en nuestro país tiene su origen en el Plan Laboral impuesto por el gobierno de Pinochet el año 1978, cuando era Ministro del Trabajo José Piñera. Durante los gobiernos de la Concertación se realizaron reformas parciales pero no alteraron su contenido central ni su filosofía de abordaje individual de las relaciones laborales” (3).

En otro documento titulado Manifiesto Laboral. Por un nuevo Modelo de Relaciones Laborales, suscrito por la prestigiosa Fundación Sol y renombrados abogados laboralistas y expertos en relaciones laborales se enfatiza con mucha claridad: “La acción de la dictadura, entonces, provocó una violenta redistribución del poder entre sectores sociales, favoreciendo los grandes intereses económicos. Posteriormente, los gobiernos de la Concertación no modificaron sustantivamente esta situación, apoyando argumentos y políticas en las que primaban los equilibrios macroeconómicos más que la democracia y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Bajo esa óptica, los derechos laborales siguieron siendo percibidos como obstáculos y rigideces para la actividad económica y no como un elemento sustantivo que debe ser resguardado por la sociedad” (4).

Así, las reformas llevadas a cabo bajo los gobiernos de la Concertación no modificaron la arquitectura del sistema de relaciones laborales heredado, convirtiéndose las autoridades de la época en rehenes de aquella legislación. En este contexto, las reformas laborales realizadas por los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos han sido conceptualizadas como de “baja intensidad”.

Los nueve puntos
El programa del actual gobierno en lo referente al tema laboral, constata: “En este contexto, debemos realizar cambios a nuestra institucionalidad laboral. Muchos aspectos se han modificado, pero aún persisten disposiciones que no ayudan o niegan a los trabajadores sus derechos. El respeto a los derechos en el trabajo y la dignidad del trabajador son parte integral de la identidad social y política de la Nueva Mayoría” (5). En consecuencia con este enunciado, el gobierno a través de su ministra de Trabajo, Javiera Blanco, ha expresado insistentemente la voluntad de llevar adelante un debate nacional y descentralizado acerca de la necesidad de una reforma laboral con todos los actores del espectro laboral, es decir, organizaciones sindicales, empresariales, de la mediana, pequeña y micro empresa y otras instituciones.

Los hasta ahora difícilmente conocidos nueve puntos de la reforma laboral del gobierno en forma de titulares gruesos son los siguientes: 1) Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores de temporada y trabajadores de confianza; 2) Titularidad del sindicato en la negociación colectiva; se (...)

Artículo completo: 3 422 palabras.

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Jaime Ensignia

Sociólogo, Dr. en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, director del programa internacional de la Fundación Chile 21, ex director del proyecto sociopolítico de la Fundación Friedrich Ebert.

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