“Sí, señoría, acepto los hechos en materia de la acusación fiscal”, admitió ante un tribunal por primera vez el pasado 27 de noviembre el todopoderoso de la UDI, Jovino Novoa, al reconocer que formó parte de un esquema ilegal de financiamiento de campañas políticas, en este caso del otro influyente “coronel”, el ex senador y ex candidato presidencial derechista, Pablo Longueira. Los aportes irregulares, en este caso, también configuraron delitos tributarios.
Novoa reconoció que extendió boletas y facturas falsas al Grupo Penta por unos 30 millones de pesos; nada más, aunque nadie en la UDI desconoce que este ex funcionario de la dictadura ha sido un importante “recaudador” de su partido, del cual fue uno de sus fundadores en septiembre de 1983.
Pero el principal líder de la UDI luego del asesinato de Jaime Guzmán, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio oral, a través del reconocimiento de los cargos -restringidos al financiamiento de la campaña de Longueira- y la devolución al Servicio de Impuestos Internos de unos 7 millones de pesos para resarcir el daño causado al sistema tributario. A cambio, la primera condena por el llamado caso Penta será de tres años de presidio remitido, por lo que Novoa no pasará ni un día en prisión y sin perder sus derechos políticos, por lo que podrá ser candidato a cargos de elección popular a partir de 2018.
La sentencia que afecta a Novoa parece ser la línea que marcará las próximas decisiones judiciales, al tiempo que muestra el límite hacia abajo que la Fiscalía Nacional está dispuesta a negociar con los imputados hasta ahora, al menos en el caso Penta que lleva unos quince meses de investigación. En la causa están imputados además los dueños y altos ejecutivos de Penta, varios políticos de derecha, entre ellos algunos parlamentarios en ejercicio -quienes aún tienen fuero y ejercen sus cargos- y Pablo Wagner, que fue subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera.
El SII denunció además a los dueños de Penta como autores de delitos tributarios por la emisión irregular de boletas de honorarios y (…)
Texto completo en la edición impresa del mes de enero 2016
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