Durante cinco meses entre 2014 y 2015, el gobierno realizó una consulta a los pueblos originarios, tal como indican los convenios internacionales suscritos por Chile, sobre la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y otros organismos adjuntos. En marzo recién pasado, la Universidad Diego Portales difundió su “Encuesta de Opinión Pública en La Araucanía”, según la cual “solo el 9% de los encuestados mapuche de la Araucanía dice haber recibido información sobre el proceso y solo un 5% de los mapuche dice tener conocimiento de los temas tratados en la consulta. Las principales razones atribuidas a esta poca participación, son una mala organización, poca transparencia y un proceso arbitrario”.
También en marzo pasado, pero esta vez en la comisión parlamentaria que indaga sobre los “Actos de gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía”, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, presentó ante los trece diputados un detallado informe sobre la actuación de la institución que dirige en los territorios mapuche, que puso en evidencia la dimensión de la ocupación policial de esos territorios, el creciente uso de tecnología de punta para la represión de los sectores mapuche organizados y movilizados, así como los volúmenes de recursos financieros destinados a la aplicación de una política decididamente represiva.
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