La caída de abundante nieve sobre la zona central chilena la madrugada de un sábado de julio derivó en espontáneas y masivas protestas durante cinco días, la mayoría de ellas concentradas en Santiago. La caída de árboles sobre los cables de distribución eléctrica dejó a oscuras a tres extensas regiones del centro de Chile, más de 300 mil “clientes” quedaron desconectados del suministro eléctrico, durante horas, durante días. El episodio puso de manifiesto la fragilidad del sistema controlado por un par de empresas privadas monopólicas, que cobran altas tarifas a sus usuarios y realizan escasas inversiones para mantener el funcionamiento normal del servicio.
Privatizadas entres los años 1986 y 1989, todas las empresas eléctricas de propiedad estatal pasaron a manos privadas -tal como otros servicios públicos, las telecomunicaciones y el agua, entre otros-, las que en un rápido proceso, apenas unos años, un par de ellas tomaron posiciones monopólicas en un mercado regulado a favor de los propietarios de las empresas. Como en otros sectores de la economía el consumidor de energía eléctrica dejó de tener al Estado como interlocutor, para entenderse directamente con una gran empresa, con el mercado...
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