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La religiosidad como campo de disputa

La inacabada laicidad del Estado de Chile

Luego del bochornoso “Te Deum Evangélico” de este año ha resurgido el debate sobre la laicidad del Estado. Un asunto que nunca parece ser prioritario hasta que escenas patéticas como las vividas en el templo pentecostal de Jotabeche vuelven a mostrar la necesidad de revisar la legislación vigente, y sobre todo las costumbres y tradiciones que se han instalado en el tiempo, marcando las relaciones ente las confesiones religiosas y el Estado.

Las constantes irrupciones de activistas político-religiosos, como Marcela Aranda, promotora del bus transfóbico o las continuas performances del “pastor” Soto, parecen anécdotas pintorescas al lado de los agravios sufridos por la Jefa de Estado en el culto del 10 de septiembre pasado, que ella no dudó en calificar cómo “un abuso”. En realidad, se trató de un atropello que no sólo afectó a la presidenta. Dado el carácter del acontecimiento, difundido en directo por la televisión pública, se traicionó la confianza depositada por el gobierno en las autoridades religiosas a las que se les reconoció autonomía para su realización, pero en un marco de responsabilidad. Supuso una trasgresión inadmisible, que amerita caducar su continuidad de forma perentoria. Más aún si el obispo de la llamada “Catedral Evangélica”, Eduardo Durán, lejos de reconocer las afrentas cometidas calificó el acto en términos de “ejercicio de un derecho”. ¿Cómo calificar a un líder religioso que considera que ejerce un “derecho” cuando manipula electoralmente un espacio de culto en el que se agrede e insulta a la más alta autoridad del país, y en su persona a la ciudadanía que le ha otorgado un mandato (...)

Artículo completo: 289 palabras.

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Álvaro Ramis

Teólogo, doctor en Ética Aplicada.

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