Los riesgos que vive Chile

Las campañas electorales son propicias para poner en la agenda mediática aquellos debates que pueden empatizar con los votantes y, de paso, adjudicar al adversario eventuales responsabilidades en deficiencias o malos resultados. Es el caso de los problemas que generan la seguridad pública y la acción delincuencial. Es uno de los temas favoritos de los sectores conservadores, pese a que cuando han sido gobierno no han podido resolverlo, como tampoco en los territorios municipales que controlan.

Apoyados en cifras que pocas veces se pueden comprobar o en indicadores muchas veces manipulados, se levantan discursos como el “fin de la puerta giratoria” u otros amenazantes, como abrir la posibilidad de que la población haga uso de armas de fuego para defenderse. El debate lo dominan los discursos extremistas. Ello ha producido el uso intensivo de la prisión preventiva, por ejemplo, que según la Defensoría Penal Pública (DPP), solo en el 2016, llevó a más de 23 mil personas a vivir privadas de libertad (1).

Aunque ello haya terminado en que casi el 10 por ciento de estas personas finalmente no llegaran a juicio. Es decir, fueron arrestadas y mantenidas en prisión preventiva pese a que resultaron inocentes, en la mayoría de los casos (2). Entre enero y agosto de este año, los imputados que no fueron condenados llegaron a 2.018, según dijo la DPP durante el seminario internacional “Inocentes encarcelados: una mirada latinoamericana”, celebrado en Santiago.

“La delincuencia no está desatada”, dijo la presidenta Michelle Bachelet, luego de conocer un informe de Paz Ciudadana (3), para enseguida agregar que según el estudio señala que “ha disminuido levemente la victimización por robo o intento de robo de 40,2% a 39,5% entre diciembre de 2013 y septiembre de 2017”. El comentario de la mandataria gatilló una ola de críticas opositoras de derecha, pero sin abordar ninguno de los problemas de fondo que aquejan la seguridad pública. Las propuestas están ausentes en todos (...)