Cincuenta años de impunidad

Desde 1967, las resoluciones de la ONU sobre Jerusalén han sido sistemáticamente ignoradas por Israel.

El 4 de julio de 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución (2.253) que invalidaba “las medidas tomadas por Israel para modificar el Estatuto de la ciudad de Jerusalén”. El 14 de julio, reiteró esta postura con la Resolución 2.254. Por su parte, el Consejo de Seguridad se pronunciaría en varias oportunidades sobre este tema. El 21 de mayo de 1968, la Resolución 252 “considera que todas las medidas de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel, incluso la expropiación de tierras y bienes, que tienden a modificar el estatuto jurídico de Jerusalén son nulas y no pueden modificar ese estatuto”. Una posición reiterada por las Resoluciones 267 (3 de julio de 1969), 271 (15 de septiembre de 1969) y 298 (25 de septiembre de 1971). El 1° de marzo de 1989, la Resolución 465 “determina que todas las medidas adoptadas por Israel para modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto de los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, o cualquier parte de los mismos, carecen totalmente de validez jurídica y que la política y las prácticas de Israel de asentar a grupos de su población y a nuevos inmigrantes en esos territorios constituyen una violación manifiesta del Convenio de Ginebra [del 12 de agosto de 1949] relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra [...]”.