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Cómo la oposición al presidente Allende se hizo cada vez más dura

Dos hitos decisivos en las relaciones de la UP con la DC

La bonanza que viven la Democracia Cristiana y la Unidad Popular durante las primeras semanas del gobierno de Salvador Allende, encarnada con la inscripción en la Constitución de derechos democráticos y sociales, dura poco. Desde mediados de 1971 la DC pasa a una oposición cada vez más dura.

La metamorfosis de la DC del “socialismo comunitario” en 1970 a la constitución de un bloque con la derecha en 1972, hasta redactar con la derecha el documento que legitima el golpe en 1973, con el apoyo de buena parte de su base, es un elemento crucial para comprender el desenlace del 11 de septiembre.

Tal mutación pasa al menos por dos hitos decisivos: el proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía asociado a la exigencia de promulgarlo a través de un dudoso procedimiento. Y una negociación con el gobierno en junio de 1972 que, pese a concluir con un acuerdo, será boicoteada...

El viraje democristiano comienza con críticas a la iniciativa de crear tribunales vecinales y a la nacionalización de la banca, pidiendo cooperativas en algunos casos. Poco después la dc acusa al Gobierno de nacionalizar industrias “a través de procedimientos de dudosa legalidad”, denuncia actos de “sectarismo” contra democratacristianos y crea una instancia encargada de registrarlos. Un ejemplo son las amenazas de embargo por los bancos nacionalizados contra los deudores que habían financiado la campaña Tomic.

La derechización se acelera después del asesinato del ex ministro Edmundo Pérez, el 8 de junio de 1971, por una pretendida organización revolucionaria;[1] las iras se tornan contra el Gobierno. En julio la dc presenta, aliada con la derecha, un candidato a diputado a una elección complementaria en Valparaíso. Esto provoca la renuncia al Partido del ala izquierda que constituye la Izquierda Cristiana e ingresa a la up. Sin ella, la dc pasa a la oposición radical.

La precariedad de la “luna de miel” entre la dc y la up y las dificultades para conseguir un entendimiento durable, pese a las coincidencias programáticas entre Tomic y Allende, fueron detectada a fines de 1970 por Joan Garcés y por Frédéric Debuyst, en un estudio comparativo de los tres programas electorales. Concluye que es probable que la dc se desplace a un bloque dc-pn.[2]

La crisis institucional En octubre 1971, los senadores dc Juan Hamilton y Renán Fuentealba presentan un proyecto de reforma constitucional que ratifica las tres aéreas de la economía añadiendo las “empresas de trabajadores” (cooperativas) y reserva al Estado una larga lista de actividades “estratégicas”[3]. Pero despoja al Ejecutivo de la facultad de nacionalizar empresas por decreto, transfiriéndola al Legislativo; limita a 180 días la facultad del Gobierno de intervenir y requisar empresas; y declara nulos los convenios de compras de acciones celebrados por la corfo para nacionalizar empresas.[4] Tal disposición fabrica a posteriori un vicio de nulidad para anular un contrato (la compra de acciones), inexistente cuando fue celebrado. Una aberración jurídica.

El Congreso vota la reforma, el 19 de febrero, por 103 votos contra 38 y una abstención. Ese día, Hamilton enuncia una peculiar interpretación de la Constitución que creará el principal conflicto institucional del período.

Hasta entonces procedimiento para reformar la Constitución se asemeja al trámite de una ley: si lo aprueba el Parlamento pero lo veta el Ejecutivo, el Parlamento puede “insistir” con dos tercios. Si los alcanza, la reforma es adoptada; si no es abandonada. Pero en 1970 había entrado en vigencia una reforma a la Constitución que permite al Presidente, si lo estima necesario, someter a plebiscito los puntos de desacuerdo de una reforma constitucional.

La posibilidad de convocar un plebiscito –pretende la oposición– ­deja caduco el veto del Ejecutivo y la mayoría especial de dos tercios. El Ejecutivo sólo puede promulgar lo votado, aunque sea por mayoría simple, o convocar un plebiscito. Tal “interpretación” entrega a la mayoría parlamentaria la posibilidad de modificar la Constitución, transformando el régimen en Parlamentario. Podría, por ejemplo, acortar el mandato (...)

Artículo completo: 1 995 palabras.

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Jorge Magasich

Historiador.

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