La crisis en el precio de los commodities latinoamericanos, relevante en la región desde 2014 en adelante, ha mostrado la importancia social y política de la ecología social, ejemplificada por el trabajo de autores como Gudynas y Evia (1993), Acosta (2011), Seoane (2012) y Svampa (2011a y 2011b). Esta aproximación asume un paradigma heredero del geonomismo que ya a inicios del siglo XX consideró que los problemas de la economía, del clima y del medio ambiente están unidos y, por lo tanto, las soluciones a esos problemas también deben estarlo. Gudynas y Evia reconocen que el medio ambiente es un sistema heterogéneo, sujeto a una hermenéutica permanente de los actores que interactúan por medio de marcos simbólicos muy diversos. De esa forma las relaciones humano-ambientales reflejan este campo de interpretaciones. La ecología social debe estudiar estos procesos, desde una praxis éticamente comprometida, que los autores describen cómo “una postura ética explícita a favor de todas las formas de vida” (Gudynas y Evia, 1993, 32).
A partir de estos axiomas la ecología social latinoamericana ha aportado una crítica sistemática a los modelos económicos basados en el “extractivismo”, categoría que define como “un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, de los cuales el 50% o más, es destinado a la exportación, como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Incluye tanto las fases de explotación, como las previas de exploración, descubrimiento, etc., y también las fases posteriores, como cierre y abandono de los sitios de apropiación” (Gudynas; 2013:15). Distingue entre un “extractivismo clásico” implementado por empresas transnacionales, mientras el Estado asume un papel secundario, brindado protección a las inversiones y exportaciones, con bajos niveles de tributación y un “neoextractivismo” donde existe mayor presencia del Estado por medio de empresas estatales o mixtas, con un nivel más (…)
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