Antes de cumplir seis meses de instalado en La Moneda, el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido que hacer frente al menos a dos movilizaciones masivas, de gran profundidad en contenidos y de alta aceptación de amplias capas de la sociedad: el “Mayo feminista”, sus grandes marchas y decenas de tomas en todo el país; y en septiembre pasado la masiva y radical protesta de las comunas de Quintero y Puchuncaví, cuyas poblaciones han sido víctimas de la instalación desregulada de decenas de empresas que contaminan el medioambiente y provocan graves daños a la vida de los habitantes de esos territorios, al tiempo que producen millonarias ganancias a las corporaciones que controlan sus propiedades.
En el caso de ambas movilizaciones -las más visibles en estos meses, aunque no las únicas- el primer choque las ha tenido con el gobierno, cuyas autoridades han reaccionado a tientas, con escasa comprensión de los problemas de fondo y recurriendo siempre al fácil expediente de criminalizar a los sectores movilizados. Quizás la arista más compleja para el gobierno, y las fuerzas conservadoras que representa, ha sido no comprender que el reclamo de fondo son derechos vulnerados, como la violencia contra las mujeres, el derecho a decidir, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminaciones, entre otros...
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