Aquellos que vienen de la derrota
guardan en el fondo una cierta ufanía
tal vez porque serenamente escogen
ser derrotados antes que corruptos
Mario Benedetti
Las investigaciones judiciales al Ejército sobre el uso ilícito de fondos generados por la Ley Reservada del Cobre tienen un largo camino por delante. De la causa principal por fraudes reiterados al fisco, se han abierto otras 21 líneas investigativas, entre ellas la conocida como “agencia de viajes” en la que aparecen involucrados un número indeterminado de oficiales que han integrado, o aún componen, el alto mando institucional. Con razón muchos se preguntan ¿cómo ha sido posible tal nivel de delitos, que involucra a tantos uniformados y particularmente a los más altos oficiales? ¿Cómo no sonaron las alarmas? ¿Nadie controla?.
La arista investigativa sobre el uso de pasajes aéreos pagados por el Estado para las vacaciones familiares de generales y coroneles que abrió la ministra Romy Rutherford, abarca un periodo de siete años (2009 al 2015), mientras los montos defraudados al fisco aún no han sido cuantificados; menos aún se sabe cuánto es el volumen si se suman todas las otras acciones ilícitas hasta ahora descubiertas, que incluyen compras para la intendencia de las tropas, adquisiciones de uniformes, armamento y otros.
El procesamiento al general John Griffiths, jefe del Estado Mayor General, desató una carrera contra el tiempo en el gobierno, que deberá confirmar la propuesta que haga el comandante en jefe para los ascensos y retiros que permitan configurar el nuevo cuerpo de generales y todo el alto mando institucional. El abogado de dos coroneles que ya estaban procesados, el ex parlamentario de derecha Luis Valentín Ferrada, lanzó una bomba de racimo sobre la investigación judicial, el gobierno, el ministerio de Defensa y del propio Ejército: al menos 1.500 efectivos usaron los mismos mecanismos que son investigados para viajar al exterior, de éstos 348 tuvieron o tienen el (…)
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