Con propiedades de más de 3 millones hectáreas, las empresas forestales son las que concentran la mayor superficie de tierras en Chile. 2.1 millones de estas hectáreas corresponden a monocultivos forestales que se encuentran en las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sobreponiéndose a las tierras de ocupación tradicional del pueblo mapuche.
Junto a la restitución de las tierras a sus antiguos propietarios de parte significativa de aquellas que fueran expropiadas entre 1967 y 1973, el Estado –a través de la Corporación de Reforma Agraria (CORA)- procedió a rematar a particulares las restantes tierras de la reforma agraria. Así en el caso de las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, la CORA mantuvo en su poder 415.053 hectáreas expropiadas en favor de campesinos y mapuche -equivalentes al 58.4% del total allí expropiado- rematando gran parte de ellas a los conglomerados forestales. Las irregularidades de estas ventas, entre las que se incluye la estrecha relación entre las autoridades de la época y los adquirentes, y la subvaluación de los precios por ellas pagados por sus adquirentes, fueron constatadas por la Cámara de Diputados en su informe sobre privatizaciones de 2004. La misma Comisión constató la grave afectación al Fisco resultante de la adquisición de empresas públicas a precios reducidos por los conglomerados privados, incluyendo los forestales.
Asociada a la contra reforma agraria se verificó un proceso represivo que resultó en la muerte o desaparición de 171 personas de origen mapuche, la mayoría de ellos vinculados a la lucha por la restitución de la tierra durante el gobierno de la Unidad Popular. Más allá del contexto mapuche, directivos de una de estas empresas -CMPC- estuvieron involucrados en los hechos que resultaron en la muerte, a pocos días del golpe de Estado, de diecinueve personas, la mayoría de ellos trabajadores de su planta de celulosa de Laja. Ello determinó la reciente acusación por parte de la justicia en (…)
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