Sinkiang, cualquiera puede ser sospechoso

Un millón de uigures –población turcófona y musulmana– han padecido arrestos y confinamientos ilegales en centros de detención en el extremo occidental de China. El discurso oficial enmascara estas violaciones a los derechos humanos y afirma que sólo se trata de centros de “educación patriótica” y de “formación profesional”.

¿Qué ocurre en Sinkiang, en el extremo Oeste de China? En septiembre de 2018, la organización Human Rights Watch alertaba sobre las violaciones de los derechos humanos de una amplitud sin igual de las que son víctimas los uigures –la población turcófona y musulmana–, así como los kazajos, los uzbecos, etc.. Las autoridades chinas lo desmienten y hablan de una lucha contra el “radicalismo” o el “terrorismo” alimentada por la oposición diaspórica de los uigures o por las potencias extranjeras. Mientras que, por parte de los países musulmanes, el silencio es total.

Pero lo que sí es cierto, es que un dispositivo llamado de “transformación para la educación”, que se puso en funcionamiento en los años 90 para “reeducar” a los adeptos de la secta Falun Gong, ha sido adaptado y extendido en Sinkiang a todos los individuos pertenecientes a las minorías musulmanas cuya lealtad al régimen suscite la más mínima duda. En ausencia de datos oficiales, es imposible precisar con exactitud la cantidad de personas afectadas. Según el investigador Adrian Zenz, que se apoya en el examen de los mercados públicos para la construcción o la ampliación de estructuras de reclusión, más del 10% de la población uigur, es decir un millón de personas, habrían pasado por este dispositivo o están actualmente encarceladas...