Desde su llegada a la presidencia, Raúl Castro abogó por la “actualización” del modelo cubano. Comenzó con reformas económicas, pero con la convicción de que abrirían el camino para una transformación de la organización política del país. En febrero se dio el primer paso en esa dirección, cuando los cubanos se pronunciaron sobre un nuevo texto constitucional.
Estaban por todas partes: en los ascensores, en los huecos de las escaleras, pegados en las puertas de entrada de los edificios… Se trataba siempre del mismo anuncio: “Consulta popular. Reunión de todos los ciudadanos”. El día señalado, se instalaron los bancos y las sillas. Tanto en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) –esas organizaciones encargadas de acompañar la vida cotidiana–, como en algún sector de los lugares de trabajo, en los colegios, o incluso en plena calle. En todos estos lugares, se convocó a los habitantes de la isla a pronunciarse sobre el nuevo texto constitucional propuesto por la Asamblea Nacional. Según cifras oficiales, 130.000 reuniones públicas fueron organizadas entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018.
En el barrio de Altahabana, un suburbio popular de La Habana, todas las personas que así lo desearan –suele ser una por familia, se encontraron un lunes a las 18 horas, cuando la mayoría de los habitantes ya regresó de su trabajo o del colegio. Camila E. llevó el texto del proyecto de Constitución; fue distribuido de manera gratuita, o vendido a 1 peso cubano (el equivalente a una porción diaria de pan)...
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