Desprovisto de renta petrolera desde la secesión del Sur, agobiado por sus gastos militares, atado a los planes de austeridad del FMI, Sudán ya no puede alimentar a sus habitantes. La población expulsó al dictador Al-Bashir, pero el régimen sigue en pie.
El 19 de diciembre de 2018, el gobierno de Sudán, dirigido por el general Omar Al-Bashir, anunció, entre otros aumentos, la triplicación del precio del pan, que pasó de 1 a 3 libras sudanesas (de 2 a 6 centavos de euro). La medida se explicaba por la voluntad de las autoridades de reforzar una política de austeridad implementada en 2014 para hacer frente a una inflación galopante (70% en diciembre de 2018) y a la caída de la moneda nacional (1 libra sudanesa valía 0,42 dólares en 2009, y 0,02 dólares a fines de 2018). La población, que ya había sufrido las consecuencias del plan de ajuste estructural adoptado por Jartum en 2017, bajo la égida del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la incesante escasez de productos básicos y combustible, reaccionó al día siguiente tomando las calles de las principales ciudades del país. Las consignas eran simples y claras: “Que caiga y ya” (tasqout bass); “¡Libertad, paz y justicia!”; “La revolución es la elección del pueblo”, “El pueblo quiere la caída del régimen”, o, simplemente “¡Revolución!”...
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