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Persistencia de un apartheid económico

En Sudáfrica, la tierra no reabsorbe la sangre

Una ola de violencia xenófoba, a comienzos de septiembre, causó la muerte de diez trabajadores inmigrantes en África del Sur, gigante económico continental pero con grandes desigualdades. El desempleo llega al 40% y afecta especialmente a los negros, mientras el 75% de las tierras privadas pertenecen aún a los ricos hacendados blancos.

En la verde zona rural de KwaZulu-Natal, entre los campos de caña de azúcar y las elegantes casas de campo, creció una pequeña villa miseria de casillas de adobe y de chapa acanalada. Obreros agrícolas y sus familias trabajan allí para los granjeros afrikáners, por un salario mensual que oscila entre los 1.500 y los 3.000 rands (entre 100 y 200 euros), por debajo del salario mínimo, fijado en 3.500 rands (235 euros) en enero de 2019. La mayoría son zulúes, pero otros, los xhosas, vienen de la provincia vecina de Cabo Oriental. En 1981, estos campesinos siguieron a su empleador cuando este se instaló en Natal. Cuando se jubiló en 2016, el granjero “le revendió sus tierras a otro blanco. Y este quiere que nos vayamos”, resume David T., campesino zulú. El nuevo propietario apareció con su abogado y les propuso a las catorce familias “50.000 rands [alrededor de 3.300 euros] a cada una para que se larguen. Dos aceptaron”. Desde entonces, amenaza con volver con una topadora. “¡Este es nuestro hogar! Nuestros ancestros están enterrados aquí”, exclama David. Señala el campo vecino: “Ahí están sus tumbas. De hecho, ya no podemos ir: el blanco nos lo prohíbe. Arrancó las cruces”.

Acá no hay agua corriente: dos veces por semana, un camión municipal se acerca a rellenar la cisterna. Una clínica móvil pasa de vez en cuando… ¿Por qué quedarse? “¿Adónde iríamos?”, protestan al unísono los residentes. “¿A un township en la ciudad? ¿Para que nos amenacen las bandas? ¡Ahí tendríamos incluso menos derechos sobre la tierra! Vivimos acá desde hace cuarenta años. Tenemos derechos”, resume Boniswa B., una abuela xhosa. Un taxi se detiene ante el caserío. Por las ventanillas aparece un revuelto de brazos y cabezas. Dos, cuatro, seis… En total, ocho niños salen del auto. “El ANC [African National Congress (Congreso Nacional Africano), el partido que está en el poder] prometió un micro escolar cuando se acercaban las elecciones. Para hacer las compras, hay que tomar un taxi hasta Howick [una ciudad a veinte kilómetros]. A veces hacemos dedo”.

Mecanización agrícola
Según una auditoría gubernamental, cerca de tres cuartas partes de las 37 millones de hectáreas de tierras sudafricanas privadas se encuentran en manos de blancos (1). En total, 30.000 explotaciones agrícolas comerciales emplean alrededor de 840.000 trabajadores agrícolas (2). Directora de la Asociación por el Avance Rural (AFRA, en inglés), una organización con sede en Pietermaritzburg que apoya a los campesinos negros desde 1979, Laurel Oettle esboza un cuadro sin concesiones del mundo agrícola sudafricano. “Los trabajadores temporarios no tienen ingresos durante meses -explica esta mujer blanca, también muy activa en la promoción de la igualdad de los sexos-. A algunos a veces les pagan con productos agrícolas. Hay muchos casos de abuso sexual. El acceso a las tumbas de los antepasados genera conflictos”. Además, la mecanización de la agricultura agravó la situación de los trabajadores negros, aclara Ben Cousins, profesor de la Universidad del Cabo Occidental y especialista en pobreza y cuestiones agrarias: “Hoy en día hay un trabajador agrícola cada dos hectáreas, contra uno por hectárea en 1994”.

Bóer significa “campesino” en neerlandés. A su llegada, en el siglo XVII, los colonos afrikáners se apropiaron de las tierras. Esta expoliación se institucionalizó después de la Segunda Guerra Anglo-Bóer (1899-1902), cuando vencedores y vencidos se reconciliaron a cuestas de las poblaciones negras, antes de volverse compañeros de armas en las trincheras del primer conflicto mundial (3). En 1913, la Natives Land Act limitó la propiedad de tierras para los “indígenas” al 7% del territorio (extendido al 13% en 1936). Cuatro millones de campesinos perdieron entonces los terrenos que aún poseían. “El objetivo era obtener una mano de obra barata -recuerda Tseliso Thipanyane, presidente de la Comisión Sudafricana de los Derechos Humanos (SAHRC)-. Los granjeros negros se volvieron apareceros o mineros. Mi familia era de Kroonstad [Estado libre de Orange]: fue expropiada. ¿Qué cree que sentimos cuando viajamos por el país y vemos estas tierras?” En 1912, el ANC se creó particularmente como reacción a la Natives Land Act, entonces en discusión. Este proyecto se inscribía en una serie de medidas discriminatorias, entre ellas la atribución de puestos reservados para los blancos en el sector minero. En 1955, el manifiesto del movimiento, la Carta de la Libertad, reivindicaba el reparto de la tierra “entre los que la trabajan”. Pero, con la llegada de los años 1990, el partido -como otros- cambió el socialismo por el neoliberalismo, para captar los favores de las instituciones financieras internacionales y facilitar la obtención de un compromiso con el último presidente del apartheid, Frederik de Klerk.

En 1996, el gobierno prometió redistribuir el 30% de las tierras en cinco años, sobre la base del voluntariado. Dos leyes (la Labour Tenants Act, LTA, de 1996, y la Extension of Security of Tenure Act, de 1997) protegen en teoría a los apareceros de las expulsiones y los autorizan a reclamar una parte de la tierra en la que viven. Pero frente al abordaje liberal, que sacraliza la propiedad privada, dejan ver sus limitaciones: en 2006, es decir una década más tarde, sólo el 3,1% de las 87 millones de hectáreas implicadas habían sido redistribuidas (4). En 2009, el gobierno de Jacob Zuma (5) declaró prioritario el problema y creó el Departamento de Desarrollo Rural y de la Reforma Agraria (DRDLR). Sin embargo, las sumas asignadas nunca alcanzaron el 1% del presupuesto nacional.

El poder de la corrupción
A priori no existe un precio por hectárea. Los postulantes presentan un reclamo que concierne tierras específicas. Tienen que enfrentar entonces una burocracia que incluye a cinco administraciones distintas para ver eventualmente la demanda aceptada y que se fije un monto para la indemnización del propietario por parte del Estado. El caso por caso es de rigor, dejando pista libre a la corrupción y el clientelismo. Especialista en cuestiones agrarias en la Universidad del Cabo Occidental, la profesora Ruth Hall describe un fenómeno de “captación en beneficio de las elites”: “En muchos casos, las tierras fueron transferidas a personas acomodadas, y no a los que las necesitaban” (6).

En diciembre de 2017, el ANC votó una resolución que exigía una “expropiación sin compensación” (EWC, según el acrónimo inglés). Impulsada por los partidarios del presidente Zuma -que tuvo que renunciar en febrero de 2018-, esta resolución tenía como objetivo frenar el surgimiento electoral de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, izquierda radical), pero también limitar el margen de maniobra del nuevo jefe de Estado, Cyril Ramaphosa. En un principio, la actitud de este último dejó tranquilo al sector privado: “La facción Zuma del ANC quiere aplicar la EWC. Pero el presidente lo hará con la mayor reserva posible”, nos decía a fines de enero John Purchase, director de la Cámara de Agronegocios (Agbiz), que reúne tanto a cooperativas como a bancos y a gigantes de la industria agroalimentaria. Sin embargo, a medida que se acercaba el escrutinio general de mayo de 2019, el presidente se mostraba más ofensivo: a fines de marzo, en Ebenhaeser (Cabo Occidental), devolvía oficialmente 1.566 hectáreas a comunidades Khoi y Griqua expulsadas en los años 1920. Esta indemnización tardó dos décadas y le costó (...)

Artículo completo: 3 832 palabras.

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Cédric Gouverneur

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