La disputa por las identidades bajo la comunidad imaginada chilena

A las rebeliones mapuche y rapa nui de los últimos años, el Estado chileno ha logrado sobreponerse sobre ambos pueblos concediendo algunas peticiones, pero bajo su propia supervisión. En otras palabras, mercado y control han sido la forma de operar del gobierno. Cuando aquello no ha funcionado, la represión ha sido el mecanismo.

1. Tiempos de transformación
Hacia 1990, América Latina vivió un periodo de transiciones democráticas luego de décadas de regímenes dictatoriales. Algunas cedieron por presiones civiles, y otras, por las recesiones económicas de la década de los 80. Pese a este contexto general, Rafael Otano sostiene que la chilena “fue singular”, al cumplir de forma estricta las “reglas de juego” que impidieron un paso “traumático o salto cualitativo”. En ese escenario, nos enfrentamos a una “peculiar vía chilena hacia la democracia” (1).

La excepcionalidad ha sido una de las características de las interpretaciones historiográficas en Chile (2). Es un sueño, representarse como una nación distinta ante sus pares latinoamericanos. Sin embargo, en lo estrictamente relacionado con los pueblos originarios, no ha existido una forma peculiar, inclusive, podríamos sostener que, ante la ausencia de reconocimiento constitucional, los pueblos originarios quedaron en una posición desfavorecidas en relación con la experiencia de las otras naciones latinoamericanas (3).

Hacia 1990, los movimientos indígenas y afrodescendientes lograron crear a nivel internacional un nuevo marco legal para relacionarse con las repúblicas, titulado Convenio 169 de la OIT. A grandes rasgos, se planteaba que los enfoques de integración y asimilación como táctica de los Estados para crear una comunidad homogénea quedaban en suspenso, pues a lo largo del siglo XX, ese imaginario de crear un nacionalismo fue determinante en crear situaciones de racismo, insostenibles hacia 1990, para un continente desgarrado por la violencia de Estado durante la segunda etapa de la Guerra Fría. Los casos de Guatemala y Perú fueron ejemplos en que las violencias impulsadas por las dictaduras y las guerrillas tomaron dimensiones de genocidio en mayas y q’chuas (4).

En Chile, la violencia política durante la dictadura no se suscribió exclusivamente a los pueblos originarios por razones étnicas. No obstante, Cautín –que bajo la dictadura paso a denominarse Araucanía–, antiguas pugnas, herencia de la construcción de Estado sobre el territorio mapuche independiente hasta 1886, volvieron a brotar radicalizando, por ejemplo, la política de reforma agraria diseñada bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y aplicada por el gobierno revolucionario de Salvador Allende. Como ha sostenido Peter Winn, la confrontación en Cautín alertó a la Unidad Popular de la intensificación del conflicto en el campo, amenazando con escaparse del control y poner en tensión la “Vía chilena al socialismo” (5).

La respuesta inicial del gobierno revolucionario, tal vez, fue la clásica en la forma de responder el Estado chileno a lo largo de su propia historia, en palabras de Jacques Chonchol: ‘‘nosotros no creemos que en el fondo haya aquí un problema de indígenas o de no indígenas […] no es un problema racial sino un problema de campesino pobre’’ (6). Sin embargo, la revolución encabezada por Salvador Allende, tuvo la capacidad de percatarse que la situación en las tierras mapuche portaba una dimensión distinta a los sucesos del valle central. El ‘Cautinazo’ como lo llamó la prensa, sobrepasó las estrictas normas establecidas por la Unidad Popular, radicalizando la revolución desde abajo. En los intensos años de gobierno revolucionario, la izquierda debatió sobre el rol de los pueblos originarios, elaborando una normativa que fuese distinta a la negación de su existencia, o bien, la “chilenización” a partir de la concepción del Araucano (7).

Las principales reacciones provinieron de los agricultores de Cautín. La memoria de la Ocupación de La Araucanía, aún fresca en los sobrevivientes, perpetuada por la tradición oral y el primer ciclo del movimiento mapuche, se sumaba la realidad material, sumidos en algunos en la extrema pobreza, habitando las tierras menos productivas por las compras ‘legales’ e ilegales de los especuladores. Las razones de estas compras fraudulentas están dadas por la suma de normativas sobrepuestas durante el transcurso de la creación del Estado entre 1840 a 1860 en el territorio mapuche, en específico la Provincia de Arauco (8).

Asesorado por el pensador comunista Alejandro Lipzchutz, la Unidad Popular estaba iniciando una reflexión, observando la situación mapuche como un tema de naciones. El golpe de Estado suspendió ese debate. Algunos agricultores recuperaron sus tierras, otras pasaron a manos de CONAF, siendo luego puestas a la venta, conformándose, un nuevo tipo de elite económica: empresarios forestales. La dictadura de Pinochet no fue restauradora en ese ámbito, no volvió a instaurar el latifundio, intentó ‘neoliberalizar’ la antigua frontera (9).

Sin embargo, agricultores y empresarios de lo que pasó a llamarse luego de la regionalización como La Araucanía, continuaron administrando el poder político. Fue también refugio del pinochetismo más coherente con la primera etapa de la dictadura militar, si bien no antineoliberal, críticos a la pérdida de influencia del empresariado nacional. Muchos se refugiaron en la histórica Sociedad Nacional de Agricultura, que bajo los gobiernos de la Concertación, puso en la agenda el concepto de “terrorismo” a la hora de referirse a las recuperaciones de tierras entre 1992 a 2003, propiciadas por el Aukiñ Wallmapu Ngulam, la Asociación Ñancucheo de Lumaco, La Identidad Territorial Lafkenche y la CAM. Esto mucho antes que el discurso de terrorismo fuese ‘políticamente correcto’ luego de los suceso del 11 de septiembre de 2001.

En los albores del siglo XXI, un porcentaje importante de la población mapuche se encontraba habitando en Santiago (10). Para el movimiento, se enfrentaba un momento decisivo, Aucan Huilcaman, werken del Aukiñ Wallmapu Ngulam planteaba que si no se levantaban pueblo se extinguirían como mapuche. Para revertirlo, era urgente recuperar las tierras, causa central de la migración mapuche hacia los centros urbanos –en la perspectiva del Consejo de Todas las Tierras–. Las escrituras mapuche, asociadas al centro de estudios Liwen, también lo analizaban desde ese punto de vista, los resultados del censo, la ebullición del Quinto Centenario y la promulgación de la Ley Indígena que acabaría con la creación de CONADI, incentivó a José Ancan y Margarita Calfío a escribir un manifiesto político para la época: “El retorno al país mapuche” (11). Ambos sostuvieron que existía un territorio en disputa, al interior de un proceso de diáspora, producto de la pobreza y la falta de espacios laborales en Wallmapu. Una parte considerable de la población eran trabajadores trashumantes, movilizados en dirección a la Argentina como temporeros y sobre todo hacia el valle central en Chile. La agricultura en manos de las mujeres, en primera instancia como autoabastecimiento y luego puesto a la venta en los poblados para comercializarlos da cuenta de las capacidades del pueblo mapuche para sobreponerse a un contexto externo crítico a su propia sociedad. En ese escenario, las rebeliones indígenas maya, q’chua y aymara en naciones como México, Ecuador y Bolivia, marcaron el rumbo para la política indígena en el continente y sobre todo para la juventud mapuche. El contexto era favorable al posicionar los derechos a una ciudadanía plena enarboladas por el principio de la autodeterminación. En torno a este nuevo discurso, emanado por los movimientos indígenas, puso en debate aquella identidad de las repúblicas criollas que articulaban su sentido de nacionalidad excluyendo lo indígena como fue el caso de Chile y Argentina. Se sumaba a esta perspectiva crítica la misma situación de algunas naciones que hicieron parte de su construcción lo indígena, como son los casos de México y Perú. En Chile, el Convenio 169 de la OIT, no fue ratificado hasta el año 2008. Durante ese tiempo, la única institucionalidad mediadora entre el Estado chileno y los nueve pueblos originarios, fue la Corporación de Desarrollo Indígena. La Constitución chilena no reconoció el concepto de pueblo y dejó en espera el reconocimiento constitucional. El Estado continuó (...)