En Bolivia, un golpe de Estado demasiado fácil

Un presidente “invitado” a renunciar por su jefe de Estado Mayor. Fuerzas de policía que tiran con balas de verdad sobre manifestantes. Una caza de brujas que conduce al arresto de ex dirigentes políticos y empuja a otros a la clandestinidad. Medios de comunicación cerrados, periodistas encarcelados por “sedición”, parlamentarios impedidos de acceder a la Asamblea Nacional, una senadora que se autoproclama presidenta y a la que una fotografía inmortaliza, a pura sonrisa, recibiendo la ayuda de un militar para ponerse la banda presidencial. Generales, por último, que posan con la mirada cubierta por anteojos de sol… Si hay una pregunta que, a priori, la situación boliviana no suscita es la de saber si responde a la definición de “golpe de Estado”.

Los medios de comunicación dominantes se esforzaron por describir el derrocamiento del presidente Evo Morales absteniéndose del término que mejor lo describe. Como ellos, la primera dictadora de la historia del continente, Jeanine Áñez, quiso aplacar las preocupaciones. “Golpe de Estado es cuando hay soldados en las calles”, sentenció cuando la interrogaban, el 12 de noviembre, sobre las condiciones de su investidura. Única dificultad: la víspera había pedido al ejército que uniera sus fuerzas con las de la policía para “restaurar el orden” en La Paz. De manera que los militares patrullaban las calles de la capital en el momento exacto en que ella se expresaba.

Entre 1825, año de su independencia, y la llegada de Morales al poder, en 2006, Bolivia sufrió ciento ochenta y ocho golpes de Estado: más de uno por año. A pesar de semejante regularidad, nadie esperaba que su primera presidencia indígena culminara en esas condiciones, y tan rápidamente. Morales parecía tanto menos proclive a verse desestabilizado cuanto que, en una América Latina en recesión, su país suscitaba la admiración tanto del campo progresista como de las instituciones financieras internacionales. El primero ponía de manifiesto el retroceso del analfabetismo, los trabajos de infraestructura, la reducción del índice de pobreza, que pasó del 63,9% en 2004 al 35,5% en 2017. Las segundas, a imagen del Fondo Monetario Internacional (FMI), se regocijaban con una política conciliadora respecto del empresariado y “felicitaban a Bolivia por su impresionante tasa de crecimiento”. Entonces, ¿qué ocurrió?

Polémico escrutinio
La crisis estalla durante la publicación de los resultados del escrutinio presidencial del 20 de octubre último, pero sus raíces se hunden más lejos. Hasta 2016, por lo menos. El gobierno organiza entonces un referéndum que apunta a autorizar a Morales a postularse para un tercer mandato, cuando la Constitución no autoriza más de dos.

Durante la campaña, la prensa de oposición “revela” que Morales habría tenido un hijo con una militante de su partido, Gabriela Zapata, la cual se habría beneficiado de su proximidad con el presidente para enriquecerse. Todo es falso, pero solo se lo descubrirá más tarde, y en la mayor discreción mediática. El caso lastima la imagen del dirigente indígena, que parece incapaz de oponer una defensa clara a sus detractores. Los sondeos reflejan entonces una inversión de la tendencia en la opinión, que el voto confirma: el 51,3% de la población se opone a la idea de una tercera candidatura de Morales. Seguro de haber caído en la trampa que le tendieron sus adversarios, este último no acepta ese resultado. Se dirige al Tribunal Constitucional Plurinacional, que el 28 de noviembre de 2017 invalida el referéndum. Apoyándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que establece que todo ciudadano debe poder “elegir o ser elegido” y que, según la Constitución boliviana, prevalece sobre el derecho nacional–, la institución abre el camino a la tercera candidatura de Morales.

“Existen numerosos precedentes, que no alarmaron a nadie”, claman sus partidarios. Citan la reelección, en 2006, de Oscar Arias Sánchez en Costa Rica, en condiciones similares. Poco importa: el procedimiento desluce un poco más la imagen del presidente, incluso en el seno de su base social, la cual no ignora que un poco en todas partes en el mundo se supervisa el derecho de presentarse a un escrutinio: obtener cinco auspicios en Francia, tener más de 35 años en Estados Unidos, etc. La oposición, por su parte, encuentra un nuevo ángulo de ataque: no denunciará ya al “indio analfabeto” o al “comunista”, sino al “dictador” que se aferra al poder. Encara la presidencial de 2019 exclamando que la cuestión no es vencer a un adversario, sino remover a un “tirano”.

Anunciados el 20 de octubre de 2019, los resultados preliminares del (...)