Irrupción social y desafíos pendientes

Ha pasado más de un mes desde que se inició la gigantesca movilización ciudadana planteando demandas fundamentales a resolver, en un país de profundas desigualdades en materia de distribución del ingreso y la riqueza y con una Constitución heredada de los años de dictadura. En el primer párrafo del pliego levantado por la Mesa de Unidad Social (MUS) se llamó al Congreso “a que no continúe con la tramitación de los proyectos de ley impulsados desde el gobierno. (…) proyectos de ley que han sido rechazados permanentemente por las organizaciones sindicales y sociales”.

Entre los proyectos cuestionados por las organizaciones sociales figuraban reformas estructurales consideradas fundamentales por el gobierno y constituían piezas claves en las transformaciones regresivas que se propuso llevar adelante. Entre ellas su reforma tributaria, que otorgaba beneficios a capas minoritarias del país, y la de pensiones, con graves atentados en contra de los trabajadores. Cuando el 18 de octubre estalló la movilización social, el Ejecutivo en ambos proyectos se empeñaba cerradamente en sacarlos adelante. Más aún incrementos propuestos en la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) en la precaria agenda social anunciada se decidió incluirlos en la reforma previsional efectuando un nuevo esfuerzo para lograr su aprobación. Otro tanto se hacía con el articulado en beneficio de las Pymes en la reforma tributaria.

El cuadro se modificó claramente después de las jornadas a nivel nacional del 25 de octubre. Piñera se vio obligado a introducir cambios en su equipo ministerial, incluso en su equipo político. De inmediato, si bien no se procedió a retirar ambos proyectos de ley, que era la demanda ciudadana, debió retroceder abiertamente. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, consciente del rechazo declarado a aspectos claves del proyecto tributario, incluido su “corazón”, procedió a abandonar disposiciones aprobadas en el trámite de la Cámara de Diputados. Entre ellos la reintegración del sistema impositivo de las grandes empresas, no introducir cambios a la normativa anti-elusión y abandonar la ampliación del beneficio de no pagar IVA a empresas constructoras. Era un proyecto que reducía los ingresos fiscales, en beneficio de sectores minoritarios. En cambio, se incrementaron al aprobar un nuevo tramo de 40% en el global complementario para ingresos mensuales sobre los $15.000.000, una sobretasa a activos inmobiliarios con un avalúo fiscal superior a $400 millones y se estableció a las sociedades de inversión como obligatorio cancelar impuestos municipales.

Impuesto a la riqueza
El cambio no fue menor. Se pasó de una reforma tributaria que reducía los ingresos un acuerdo que los aumentaba, aunque tocando aún muy marginalmente al 0,1% de la población de mayores ingresos, exigencia que se fue haciendo escuchar cada vez más fuerte en el proceso de ebullición social. Eso (...)