La memoria española en construcción

La exhumación y traslado del cuerpo de Francisco Franco atizó el conflicto latente en torno a la construcción de la memoria de la dictadura franquista. La política de “reconciliación” de la transición democrática comienza a ser fuertemente cuestionada por una juventud que no creció con el miedo a romper el silencio.

El autobús hace las últimas maniobras antes de llegar a la explanada del Valle de los Caídos. Desde la ruta, se ve una cruz de ciento cincuenta metros de altura que descolla en lo alto del monumento. Dentro de esta gigantesca basílica construida entre los pinos y las jaras de la sierra de Guadarrama, en una cripta de trescientos metros, reposan los restos de Francisco Franco. El edificio, situado en el noroeste de Madrid, fue ideado por el dictador español como un símbolo de la “reconciliación” de los dos bandos de la Guerra Civil Española. En los años 40 y 50, miles de presos republicanos fueron explotados para cavar en la roca el símbolo de su propia humillación. Aquí, la Iglesia celebra la misa, los nostálgicos del régimen desfilan con el brazo extendido y los autobuses llegan con cientos de miles de turistas cada año. Ningún cartel recuerda la historia de este monumento cubierto de simbología fascista.

Para muchos españoles se trata de un insulto a la memoria de las víctimas de la dictadura. El 24 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo de España aprobó el proyecto del gobierno socialista de Pedro Sánchez, formulado en junio de 2018, de exhumar el cuerpo del caudillo. Tras meses de tergiversaciones, y a pesar de los ataques del Partido Popular (PP), la Iglesia y las organizaciones de extrema derecha, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró barrer con las apelaciones de la familia Franco y allanó el camino para el traslado de los restos del general, lo que finalmente ocurrió el 24 de octubre pasado. Los restos de Franco fueron trasladados al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde yace su esposa.

Sin embargo, el mausoleo del Valle de los Caídos no representa más que la punta del iceberg de la nostalgia franquista. Mientras que 114.226 víctimas de la guerra civil (1936-1939) y de la dictadura yacen aún en miles de fosas comunes, se da rienda suelta a la exaltación del “generalísimo” el día del aniversario de su muerte, el 20 de noviembre, o durante algunas manifestaciones contra la independencia de Cataluña.

Reconciliación y negacionismo
La elección de miembros del partido de extrema derecha Vox en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados, en diciembre de 2018 y abril de 2019 respectivamente, atizó un conflicto latente en torno de la memoria. Rodrigo Alonso, diputado andaluz y secretario del grupo parlamentario del partido, estima que España “maltrata más a un bando que al otro: se presenta a los vencidos como mártires, mientras que se diaboliza a los vencedores”. Un punto de vista que comparte la Fundación Francisco Franco (FFF), creada un año después de la muerte del dictador para “difundir y promover el legado, el pensamiento y la memoria de Francisco Franco y del Estado que condujo el destino de España entre 1936 y 1977”, nos explica su presidente, Juan Chicharro Ortega, con quien nos encontramos en los locales de la organización en Madrid. En este lugar que parece un museo a la gloria del régimen –bustos, enormes retratos, banderas con el águila franquista–, el general retirado de la división de Infantería de la Marina, ex edecán del rey Juan Carlos y miembro de la Legión de Honor francesa (como Franco), expone la injusticia que sufre, según él, la corriente política que representa: “España es el único país que venció al comunismo con las armas. Esto no lo olvidan ni perdonan. El trabajo de la gran mayoría de las asociaciones de memoria histórica se basa en mentiras, que ya eran el arma principal del marxismo en la época de Lenin”. Para la extrema derecha, no hubo golpe de Estado contra un régimen democrático legítimo –la Segunda República– y no existe diferencia entre la violencia desorganizada, que algunas veces ocasionó muertes, de los partisanos de la República y la represión organizada, sistemática y masiva del franquismo.

Este resurgimiento de la reacción franquista no es el fruto de una generación espontánea. “En España, el olvido se organizó a todos los niveles del poder”, recuerda Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El objetivo fue la transición democrática, iniciada tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, y que se extendió hasta la victoria contundente del PSOE en las elecciones legislativas de octubre de 1982 frente a los partidos de derecha (1). Con el apoyo del Partido Comunista de España (PCE), ambos bloques políticos obraron para una transición sin ruptura, relegando al olvido la memoria de una República destruida por el golpe de Estado militar del 17 de julio de 1936, de la guerra civil y de los cuarenta años de dictadura que le siguieron. Preso durante más de diez años, el diputado comunista Marcelino Camacho suscribe a la idea de que la transición impuso que cada uno de los bandos silenciara su dolor, a partir del 15 de octubre de 1977, cuando se votó a favor de la Ley de Amnistía. Esta constituyó “la piedra angular de la política de reconciliación nacional”, explica, antes de proclamar que su bando “enterró a los muertos y los rencores” (2).

Déficit de memoria
Principal artífice de la transición, el PSOE no escatimó esfuerzos para asegurar una “reconciliación” lo menos conflictiva posible. En 1985, por ejemplo, cerca de la estación de Atocha, en Madrid, rebautizó oficialmente el Monumento a los Héroes del 2 (...)