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2020: permitido prohibir. Por Jaime Vieyra-Poseck

Este año para olvidar será, irremediablemente, inolvidable porque por primera vez en la historia de la humanidad, se prohíben los abrazos, los besos y todo acercamiento con los demás. Es decir, todo lo que nos hace humanos quedó prohibido para, en el peor de los casos, no morirnos.

En una democracia de alta calidad está, en teoría, prohibido prohibir. Pero para gestionar la pandemia, la mayoría de los países democráticos tienen que implementar medidas que restringen las libertades más esenciales, con un único afán: salvar vidas y no colapsar los servicios sanitarios. En este escenario global, la incertidumbre se apodera del planeta; la seguridad de que el ser humano ya tenía control absoluto sobre la naturaleza, se viene abajo estrepitosamente.

Por otra parte, la pandemia a puesto a la ciencia como protagonista principal. Si en las pestes de la Edad Media no quedaba más que rogar a los dioses, ahora la comunidad científica ha logrado una vacuna en tiempo récord: menos de un año donde se tarda en promedio diez. Esto ha sido posible sólo por un esfuerzo mancomunado sin precedentes de cooperación de miles de científicas/os de todo el mundo.

Frente a un peligro común, nuestra fortaleza es nuestra vulnerabilidad: en momentos históricos tan dramáticos como esta pandemia, las mejores cualidades humanas superan las peores; en un mundo donde las relaciones humanas han quedado reducidas a una suerte de mercantilización global, sin la cooperación, el civismo responsable y la solidaridad gestionadas por el aparato público, nunca se podría vencer la más grande crisis sanitaria de siglos.

Centrándonos en Chile, la pandemia llega en medio de la mayor revuelta social posdictadura y con las instituciones de la democracia deslegitimadas y sumidas en el más grande descrédito. La desigualdad socioeconómica obscena chilena es, sin ningún género de dudas, el origen del “estallido social”. La respuesta del gobierno a la movilización social, en su gran mayoría pacífica, deja un catálogo de horrores por la violencia desproporcionada de las fuerzas policiales y militares, instalando nuevamente a Chile en el mapa abyecto de país que viola los derechos humanos. Paradojalmente, con la pandemia se justifican plenamente todas las restricciones a las libertades ya usadas para controlar la rebelión social que, a pesar de la pandemia, ruje subterránea determinando, ya irreversiblemente, la agenda política.

La gestión de la crisis sanitaria muestra las carencias de Chile: una salud pública deficiente, viviendas sociales donde se vive hacinado, un 30,4% de la población que tiene que salir diariamente a trabajar en la economía informal para “llenar la olla”, dejan casi sin efecto las medidas de distanciamiento social y cuarentena para controlar la pandemia. El sistema chileno de desarrollo económico, con uno de los niveles de desigualdad socioeconómica más altos del mundo, chirria por todos lados mostrando sus enormes baches y agujeros negros. Y más paradojas: los motivos de la movilización social y sus reivindicaciones, la pandemia los deja a la vista de todos. El Estado chileno, con apenas el 22% del Producto Interior Bruto (PIB), no da el ancho para gestionar la pandemia (la media en la OCDE es de un 34%). Se tiene que llegar al insólito acuerdo político transversal ―está constitucionalmente prohibido hacerlo― de permitirle a la ciudadanía sacar un 20% de sus ahorros en las privadas AFP para paliar la crisis económica sin precedentes que produce la pandemia y que afecta dramáticamente las finanzas familiares. Esto ilustra cabalmente y con precisión la incapacidad del Estado chileno para otorgar protección social a la ciudadanía.

No obstante, es necesario, como en todo, matizar. En la actualidad lo políticamente correcto es demonizar la política y los políticos. Pero, a 28 días de iniciada la revuelta social, en la madrugada del 15/11/2019, se produce el inicio de un cambio histórico: se firma el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, inaugurando una nueva era y un auténtico Renacimiento político en Chile. Este gran consenso transversal demuestra, una vez más, la capacidad chilena para gestionar crisis políticas estructurales de gran conflictividad y complejidad, dándole una solución estrictamente ceñida a los mecanismos constitucionales: todos los partidos políticos firman el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, excepto el partido Comunista que, sin embargo, no tarda después en apoyarlo. La ciudadanía movilizada y la clase política que escuchó y supo interpretar su clamor, es un gran aporte más de Chile al sistema democrático.

El Plebiscito Nacional del 25/10/2020 permitió que la ciudadanía se pronunciara, y lo hizo rotundamente: el Apruebo una nueva Constitución recibe el 78,28% y la opción Convención Constitucional un 78,98%. El 11/04/2021 Chile tiene quizás la elección más importante de su historia: elige, íntegramente por voto popular, la Convención Constituyente compuesta por 155 personas que escribirán la nueva Constitución. Es más, la Convención Constituyente tendrá paridad de género y 18 miembros reservados para los pueblos originarios. Este es un fresco político completamente inédito en la historia de Chile y, qué duda cabe, es una enorme oportunidad para construir un Chile mucho más justo y menos desigual constitucionalizando, se espera, un Estado social que garantice los derechos elementales en salud, educación, vivienda y pensiones.

El inolvidable 2020, anno horribilis, también puede ser resiliente.

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