Explosión contestataria en el Líbano

El 17 de octubre de 2019, el ministro de Telecomunicaciones libanés, Mohammad Choucair, decidió instaurar un impuesto mensual -conocido como “tasa WhatsApp”- de 2 dólares sobre todas las aplicaciones telefónicas gratuitas. Esa misma noche, cientos de jóvenes manifestantes, generalmente de clases empobrecidas, salieron a las calles de las principales ciudades. Al día siguiente bloquearon las principales arterias del país y organizaron sentadas en lugares emblemáticos, como la Plaza de los Mártires en Beirut. De inmediato el gobierno cerró las administraciones, las universidades y las escuelas públicas, lo que paradójicamente animó a más y más gente a salir a la calle. El cierre de los bancos libaneses durante las dos semanas que siguieron al inicio del levantamiento alimentó la ira popular, porque los depositantes ya no tenían acceso a su dinero en efectivo.

Dos meses más tarde, los manifestantes persisten. Siguen reclamando la caída del régimen confesional, basado en el reparto comunitario del poder entre chiitas, sunnitas y cristianos. No se encontró ninguna solución al vacío gubernamental, ya que el primer ministro Saad Hariri renunció el 30 de octubre de 2019 y así se abandonó la idea de formar un “gobierno tecnocrático”.

La “tasa WhatsApp” fue sólo la chispa que prendió fuego a todo un país con una economía exhausta y particularmente desigual: el 1% de los libaneses más ricos detentan el 40% de la riqueza y captan el 23% del ingreso nacional, según un estudio del Laboratorio sobre la Desigualdad Global (1). El Líbano también está al borde de la bancarrota. La deuda del Estado representa el 150% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que su déficit público es del 11%. El servicio de la deuda (pago de intereses y de parte de la cantidad tomada en préstamo) asciende a 4.000 millones de dólares anuales. En 2018 el crecimiento se estancó en torno al 0,2%. El país es cada vez menos capaz de cubrir sus necesidades de divisas para pagar sus numerosas importaciones (principalmente de combustible, medicamentos y cereales), cuatro veces superiores al nivel de sus exportaciones. Los aportes de capitales de la diáspora y la inversión extranjera ya no bastan para mantener el sistema a flote: los fondos salen ahora más rápido de lo que entran.

Sanciones de Trump
Desde 2011 la guerra civil en Siria también ha repercutido en un sector agrícola ya muy frágil, sobre todo en regiones periféricas como la Bekaa y el distrito de Akkar. Estas zonas fronterizas, entre las más pobres del Líbano, sobrevivían gracias al comercio con ciudades sirias como Homs. Además, con la caída de los precios del petróleo en 2014, los flujos financieros provenientes de los países del Golfo se han agotado, al igual que el turismo saudí, qatarí o emiratí. Por último, desde que Donald Trump llegó al poder, el fortalecimiento de las sanciones que estableció contra los bancos libaneses, acusados de mantener relaciones con Hezbolá -el partido chiita en guerra con Israel- ha pesado sobre la economía, cuyo principal pilar es el sector bancario. Así, en agosto de 2019 el Tesoro estadounidense acusó al Jammal Trust Bank (JTB) de apoyar a Hezbolá e Irán. Sus activos en Estados Unidos fueron congelados, y prohibidas sus transacciones en dólares. En septiembre de 2019 inició un proceso de liquidación.

Para afrontar el colapso económico del país, en mayo de 2019 el primer ministro Hariri había prometido una cura de austeridad “sin precedentes”. También tenía que satisfacer a sus principales financiadores internacionales. Para obtener los 11.200 millones de dólares en préstamos de asistencia para el desarrollo de sus infraestructuras -a tasas de interés limitadas-, prometidos al Líbano en la Conferencia Económica para el Desarrollo por las Reformas y con las Empresas (CEDRE) que tuvo lugar en París en abril de 2018, el gobierno se comprometió a reducir su déficit presupuestario en un 1% del PIB en el plazo de cinco años; un reto casi imposible. El presupuesto de 2019, que el Parlamento recién aprobó en el mes de julio, perjudicaba en especial a la función pública: congelación de las contrataciones (incluso en el ejército), fin de la jubilación anticipada durante tres años, reducción de las ayudas escolares para los hijos de los funcionarios.

Abusos y clientelismo
Ciertamente, en los últimos años se han observado abusos, como el pago de salarios a funcionarios muertos, o reclutamientos basados en el clientelismo partidista. Pero los funcionarios, que representan el 40% del total de empleados (...)