La Universidad Pública del Estado

Las demandas estructurales que están en el origen de las grandes movilizaciones ciudadanas iniciadas en octubre de 2019, mostraron de manera transversal y explosiva, la rabia y malestar que la sociedad chilena acumulaba por décadas. Es un hecho de la causa que el origen se explica por el modelo social, cultural y económico construido en dictadura y avalado por los siguientes 30 años de sucesivos gobiernos de transición. Pese a las declaraciones y acciones universitarias, estas instituciones no han sido capaces de enfrentar la desigualdad, promover la cohesión social y asegurar de manera equitativa el progreso, la comodidad y las oportunidades para vivir con tranquilidad la juventud, adultez y vejez. Por el contrario, la mayoría de los chilenos y chilenas viven con temor y ansiedad el futuro. En su defensa, sabemos también que las políticas neoliberales han delimitado y disminuido sustancialmente el efecto y el vínculo universitario con la sociedad.

Pese a todo, en la coyuntura actual, el sistema universitario cuenta con los mecanismos para propiciar un diálogo para la transformación y para denunciar y terminar con el uso de la violencia y la represión, monopolizada principalmente por los aparados del Estado. Para construir un nuevo Pacto Social se requiere de instituciones universitarias y necesariamente de un conjunto de acciones concretas e inmediatas, que, junto a su quehacer cotidiano, asuman un trabajo permanente por la justicia y la cohesión social.

Para enfrentar este nuevo contexto, las universidades estatales son uno de los pocos actores sociales que ocupan un lugar de privilegio para la comprensión y el diálogo de los significativos procesos de cambio que se requieren realizar a nivel cultural, social y económico. A diferencia de la mayoría de las instituciones públicas y privadas, las universidades públicas del Estado aún son queridas, reconocidas y aceptadas por la ciudadanía. Son un espacio legítimo y facilitador del debate y los acuerdos transversales que requiere Chile. Por lo mismo, las instituciones de Educación Superior Estatales deben ofrecer a las autoridades políticas, administrativas y a la sociedad en general, todas las capacidades que disponen para organizar y facilitar sistematizadamente los mecanismos y procedimientos para avanzar en las transformaciones que demanda nuestra ciudadanía. Es tarea prioritaria articular la creatividad, el compromiso y el trabajo de los y las estudiantes, académicas y de la comunidad universitaria en general.

La universidad pública, pese a la gran arremetida neoliberal, ha conservado su dimensión y vinculación con la política. Por más que la han tratado de encuadrar como un espacio instrumental de educación científica y tecnológica escindida del quehacer social, las universidades públicas han logrado “milagrosamente” mantener la dimensión política que las conecta con la realidad y las demandas de la ciudadanía. Los debates, disputas, propuestas y acciones que se dan en el quehacer de las universidades públicas del Estado, son mucho más intensos e ideológicos que la mezquindad observada en la mayoría de los partidos políticos chilenos. A la fecha, los partidos políticos chilenos se han especializado en las tecnologías para la administración del poder y muy marginalmente para el cambio. En síntesis, los partidos políticos chilenos son eminentemente “apolíticos”.

De ahí emergen la mayoría de los elementos que (...)