Sudáfrica a la conquista de los parques nacionales africanos

Son 16 los parques en diez países de África subsahariana que cubren una superficie total de doce millones de hectáreas; emplea cinco mil personas, de las cuales mil son guardas forestales.

“Lo que me fascina de mi trabajo de director de la reserva es estar entre los leones, como en la serie Daktari (1)”, confiesa, visiblemente emocionado, Jean-Pierre Wilhelm. Desde la mesa donde almuerza con su equipo, se descubre un paisaje de sabana y colinas que recorre 4.800 kilómetros cuadrados. Desde junio de 2019, es la propiedad de ese sexagenario alsaciano. Dirige, por cuenta de la organización no gubernamental (ONG) sudafricana African Parks (AP), el Parque nacional de Pendjari, una reserva de biósfera situada en el nordeste de Benín, a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de Tanguieta. Para llegar a este santuario de fauna, del cual AP obtuvo la concesión por parte del gobierno beninés en mayo de 2017, hay que bordear algodonales y huertas de campesinos.

Último refugio de elefantes y leones de la subregión, el parque de Pendjari, por el nombre del río que lo bordea, pertenece a la amplia área protegida transnacional del Complejo W-Arly-Pendjari (WAP), que comprende también el parque de Arly, en Burkina Faso, y el de W, en la frontera entre ese país, Níger y Benín. Comparado con estos otros dos parques del WAP, ambos gestionados por los poderes públicos, el parque Pendjari sería el “menos dañado”, se jacta Peter Fearnhead, director de AP.

¿Una ONG a la cabeza de un parque nacional africano? Hasta no hace mucho tiempo, las asociaciones se limitaban a recaudar fondos en beneficio de la administración de reservas nacionales, a riesgo de ser acusados, como el World Wildlife Fund (WWF), de financiar los abusos de los guardaparques (2). Con African Parks, creada hace veinte años por el multimillonario neerlandés Paul Fentener Van Vlissingen (véase el recuadro), llegó el tiempo de las ONG en la maniobra por extender el espíritu empresarial y la rentabilidad del patrimonio natural africano.

Actividades polémicas
Los parques que administra la empresa -en total, unos quince dentro del continente- son muy valorados por una clientela adinerada, mayoritariamente occidental, capaz de pagarse un viaje, guías y estadía en hoteles de lujo (lodges), en los que cada noche puede costar más de 600 dólares. En Benín, AP aspira a construir un lodge de cinco estrellas en una zona de safari exclusiva reservada a sus clientes más ricos. La ONG cuenta también con el turismo cinegético, que ya garantiza al parque beninés -dotado de tres reservas privadas de caza mayor, de jabalí africano, por ejemplo- el mismo volumen de ingresos que los safaris fotográficos. Pero también podría lanzarse al mercado en pleno auge de la transformación de plantas medicinales, puesto que el Pendjari rebosa de plantas que se utilizan en la farmacopea tradicional y cuyas moléculas aún no han sido patentadas. En otras palabras, monetizar la naturaleza a la vez que se la protege, con una política de tolerancia cero respecto de los contraventores.

El eslogan de la AP marca el tono: “El espíritu de los negocios al servicio de la preservación de la naturaleza”. La asociación sudafricana es pionera en las asociaciones de los sectores público y privado destinadas a “salvar cada uno de los once biomas -medio ecológico extenso y homogéneo- del continente”, explica su director regional para África Occidental, Erik Mararv, un sueco nacido y criado “en la sabana”, en República Centroafricana. Siguiendo un esquema ya bien aceitado, la AP firma acuerdos a largo plazo -veinte años, en promedio- con los Estados, que conservan la soberanía sobre los parques, mientras que la ONG se compromete a proporcionar todos los medios, incluso militares, para rehabilitarlos, hacer revivir la fauna, pero también brindar apoyo a las comunidades aldeanas cercanas. Tras haberse extendido en África Austral (Malawi y Zambia), obtuvo la gestión de varias reservas situadas en las zonas grises de países en reconstrucción, de la República Centroafricana a la República Democrática del Congo (RDC). Sus guardaparques son a menudo “la única fuerza estabilizadora en algunas de las regiones más alejadas y peor comunicadas de África”, destaca Mararv. Allí, la AP organiza la lucha contra la caza ilegal y el tráfico de marfil, financiados muchas veces por grupos sanguinarios como el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) ugandés (3) o las milicias Janjaweed de Sudán del Sur. Así pues, la AP se encuentra a la vanguardia de la militarización de los parques africanos. Según su página web, al frente “del más amplio y diversificado capital de ecosistemas africanos administrados por una ONG” -dieciséis parques en diez países de África subsahariana cubren una superficie total de doce millones de hectáreas-, emplea cinco mil personas, de las cuales mil son guardas forestales, es decir, el contingente de guardas forestales privado más importante del continente.

Formación paramilitar
Las proezas de la AP en materia de reintroducción de especies en riesgo le han valido las alabanzas de la prensa anglosajona, en particular de la revista mensual estadounidense National Geographic, uno de sus patrocinadores (4). La ONG ha sabido también rodearse de influencers de peso, como el príncipe Henry (“Harry”) de Sussex, su presidente de honor desde fines de 2017, y el estadounidense John Scanlon, ex director de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su embajador mundial. A la sombra de este areópago de salvadores blancos, los guardaparques de la AP, holgadamente remunerados (con un sueldo de casi 300 euros en Benín, donde el salario promedio se eleva a 65 euros por mes), reciben regularmente formaciones paramilitares proporcionadas por ex oficiales sudafricanos, franceses o israelíes. Además, la AP otorga bonos a los guardaparques más comprometidos -los que han realizado el mayor número de interpelaciones o descubierto la mayor cantidad de trampas para animales. Cada año, la ONG evalúa a cada uno de sus empleados.

El perfil de Wilhelm dice mucho acerca del modelo de gestión de AP. Graduado de la Escuela de Minas de Nancy, fue cadete de reserva en el seno de la Fuerza Kosovo (KFOR) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Más tarde, supervisó durante dieciocho años la creación y la explotación de varios sitios mineros africanos, de la mina de hierro de Afri, en Mauritania, a los yacimientos de oro de Houndé, en Burkina Faso. El mundo de la extracción minera, devastador para el medio ambiente, parece estar en las antípodas de las convicciones que exhibe su nuevo empleador. Pero, según Wilhelm, ambas actividades tienen en común el hecho de que se “basan en el apoyo de las comunidades ribereñas”: “Si se las deja al margen de estas actividades, las cosas podrían cambiar muy rápidamente”, explica.

Tolerancia cero
Unas 200.000 personas viven en las inmediaciones del Pendjari. Para alentar a sus 230 empleados -de los cuales unos cien son guardaparques recién contratados y, cuatro de ellos, oficiales de aguas y bosques enviados en comisión de servicio por el Estado-, al director del Pendjari le gusta citar una máxima, que bien podría encontrarse en un manual de autoayuda: “Solo, vas más rápido; juntos, vamos más lejos”. En cualquier caso, la política de tolerancia cero de AP contribuyó a “llenar la cárcel de Natitingou”, la ciudad principal del departamento, pero también a “tensar los vínculos con los ribereños del parque”, observa Jérome Sambini, periodista en Nanto FM, una radio comunitaria local. En febrero (...)