Chile y el camino a una Nueva Constitución

El pasado 23 de marzo, y en el contexto de la crisis sanitaria global a partir de la declaración de pandemia del COVID19, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunciaba el acuerdo de los principales partidos políticos para postergar la fecha del Plebiscito Nacional y con ello el cronograma electoral para dotar a Chile de una nueva Constitución Política. A partir de dicho acuerdo, el Congreso aprobó la nueva fecha del plebiscito para el 25 de octubre de 2020 y las elecciones de Convencionales para el 4 de abril de 2021. Este es un paso más en el largo camino que Chile ha recorrido para contar con un proceso democrático, participativo e institucional que dará paso a un nuevo texto constitucional.

El camino ha sido largo, pues la actual Constitución se originó bajo un régimen autoritario, cuando la convivencia nacional se había quebrado por el uso de la fuerza. La Constitución Política de 1980 buscaba institucionalizar un modelo político, económico y social que representaba a una elite que había llegado al poder rompiendo el sistema democrático. Entonces, el cuestionamiento a dicha Constitución se dio desde su instalación, por su origen autoritario. Fuerzas políticas y sociales de oposición denunciaron su ilegitimidad. El diseño constitucional no contemplaba un mecanismo de cambio total, y esta rigidez fue marcando límites al proceso de transición y al propio ejercicio democrático.

La presión de las fuerzas políticas de oposición llevaron a reformas constitucionales, siendo las más destacadas las de 1989, que permitieron la transición a la democracia, y las de 2005, que buscaban poner fin a los “enclaves autoritarios”. Sin embargo, a pesar de este camino de reformas, a partir de 2006 la movilización social, de estudiantes, de ambientalistas, de movimientos nuevos e inorgánicos que demandaban mayor justicia social, fueron poniendo al tope de sus demandas la necesidad de una nueva Constitución. El ciclo político a partir de 2005 se ve marcado por una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país, y un distanciamiento de las élites gobernantes con respecto a la ciudadanía. En este contexto, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 pusieron énfasis en el debate constitucional, ya no sólo como un problema de las élites y del origen autoritario del texto constitucional; si no como la inminente necesidad de actualizar las instituciones políticas a la nueva realidad social del país.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en marzo de 2014, Auditoria A La Democracia, puso una alerta importante con respecto al cuestionamiento de la democracia en Chile. Los datos mostraban cómo la desafección se fue expresando en la disminución sostenida de la participación electoral (desde un 86% de participación electoral en las elecciones presidenciales de 1989, a un 44% en las elecciones presidenciales de 2013 en segunda vuelta). Los partidos políticos (15% de aprobación) y el Congreso (24% de aprobación) eran las instituciones con más bajo apoyo ciudadano, siendo instituciones como Carabineros las de mejor evaluación. Lo interesante, es que junto con la decepción de las instituciones y líderes políticos, la ciudadanía mostraba un alto interés por la realización de reformas políticas que permitieran profundizar la democracia.

Es así, que los resultados de la encuesta LAPOP de 2012 ya arrojaba datos interesantes con respecto a la actitud ciudadana frente (...)