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La herencia comunista continúa

Derecho al trabajo a la bielorrusa

El sistema obligatorio de “distribución” de puestos de trabajo para los egresados universitarios bielorrusos, creado durante la era soviética, garantiza el acceso de la juventud al mercado laboral. Con fuerte impronta comunista, el gobierno de Alexandre Lukashenko conserva el culto por el “valor trabajo” y el odio al ocio.

Es un día caluroso en Novopolotsk. El sol pega sobre la inmensa plaza de la municipalidad. No hay árboles, ni un poco de sombra. A pocos metros se encuentra la bien llamada Calle de las Escuelas. En el número 5, la música se escapa por las ventanas entreabiertas. En el suelo, unas piedras pintadas de azul dibujan una clave de sol: es el Instituto de Música, en donde nos recibe Ksenia Kossaïa. “Bienvenidos a Novopolotsk, la única ciudad de Bielorrusia que no tiene estatuas de Lenin”, bromea la joven.

Esta antigua ciudad soviética –situada en el norte del país, cerca de la frontera entre Letonia y Rusia– se fundó en 1954 para acoger a las familias de los trabajadores del sector petroquímico. Hoy alberga la imponente refinería de la empresa estatal Naftan. En esta localidad de alrededor de cien mil habitantes, Kossaïa ha sido designada por dos años como profesora de piano: “Estudié en el Conservatorio de Minsk. Cuando terminé los cinco años de formación, quería trabajar en la capital, pero me enviaron aquí”.

Kossaïa se refiere al raspredelenie, que en ruso significa literalmente “distribución”: se trata de un sistema de asignación de puestos de trabajo que los universitarios deben realizar de manera obligatoria al finalizar sus estudios. Este dispositivo, que se creó en la época soviética y se mantuvo parcialmente luego de la independencia del país en 1991 responde, según el Artículo 83 del Código de Educación, a “la exigencia de protección social de los jóvenes graduados y a la satisfacción de la necesidad de especialistas, trabajadores y empleados en las ramas de la economía y la esfera social”. En 2018, 19.300 estudiantes hicieron el raspredelenie, es decir, alrededor del 60% de los graduados (exceptuando a los alumnos de estudios a distancia).

El principio es simple. Cada establecimiento de enseñanza superior abre para los egresados de la secundaria un determinado número de vacantes gratuitas (1) que se distribuyen en función de sus calificaciones: a los mejores promedios se les da prioridad. A cambio, cuando terminan sus estudios, el centro universitario les asigna un puesto de trabajo en algún lugar de Bielorrusia, donde deben trabajar durante dos años. Médicos, ingenieros, contadores, profesores, periodistas: ninguna profesión escapa al dispositivo. Herencia soviética
Al garantizar un primer empleo a una parte de la juventud, Bielorrusia tomó una decisión que va a contracorriente de las recetas liberales que se aplican en el resto de Europa, donde los gobiernos pretenden luchar contra el desempleo de los jóvenes recortando sus salarios o flexibilizando sus contratos. Quizás los estudiantes franceses que en 2006 se opusieron al “Contrato de Primer Empleo”, que ampliaba el período de prueba a dos años para los menores de 26 años, le hubieran encontrado algunas ventajas al modelo bielorruso.

A menudo, por falta de conocimiento, Bielorrusia es objeto de burlas debido a su afición por las estatuas de Lenin y su excesiva devoción por el pasado. Además, las instituciones financieras internacionales consideran que su sector público está desbordado. Sin embargo, la preservación de ciertas conquistas sociales soviéticas ha contribuido a la longevidad en el poder del presidente Alexandre Lukashenko, quien gobierna el país con mano de hierro desde 1994. De la herencia comunista, el régimen de Lukashenko ha conservado también el culto por el “valor trabajo” y, por ende, el odio al ocio, que no es ajeno a su preocupación por encontrarle una ocupación útil a su población en edad laboral, sobre todo si es joven y potencialmente turbulenta.

Ola de privatizaciones
No es de extrañar pues que las autoridades presuman de los logros del raspredelenie. “La asignación obligatoria es ante todo una ventaja para los estudiantes –afirma Irina Starovóïtova, viceministra de Educación, a quien visitamos en su oficina–. Por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizarles un trabajo cuando terminan sus estudios. Por el otro, los estudiantes obtienen el título de (...)

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Loïc Ramírez

Periodista.

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