En el Reino Unido, la tentación de lo “inevitable”

El 12 de marzo pasado, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que iba a embarcar a su país en una apuesta un tanto arriesgada. En contraposición a la estrategia de confinamiento radical decretada por Italia y varios países asiáticos, el Reino Unido decidió “contener […] pero no erradicar el virus” con el fin de “crear una inmunidad de grupo” en la población (1), lo que no contemplaba ni confinamiento de personas, ni cierre de escuelas, ni tampoco prohibición de grandes eventos, sobre todo de fútbol.

Sin conocer el nivel exacto de infecciones que se necesitaba para alcanzar la inmunidad de grupo (es decir, el porcentaje de personas que deberían contraer la infección para que el virus deje de propagarse), los expertos del gobierno de Johnson consideraron que, en el peor de los casos, se infectaría el 80% de la población británica. ¿La ventaja de esta estrategia? Una vez alcanzada esa cifra, el Reino Unido podría volver a prosperar en el comercio internacional sin tener que preocuparse por nuevos focos de contagio. ¿Su costo? Hasta 500.000 muertos (2). En tales circunstancias, el 12 de marzo, Boris Johnson admitió que “muchas familias perderán a sus seres queridos antes de tiempo”.

Cuatro días después, ante la presión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la opinión pública y de numerosos científicos, el primer ministro tuvo que ajustar su política. Finalmente, prohibió algunos encuentros deportivos, impuso el aislamiento para las personas con síntomas y esbozó la posibilidad de un endurecimiento progresivo de las medidas de distanciamiento social en función de la tasa de ocupación de las unidades de terapia intensiva del país, aunque sin cambiar radicalmente su plan de acción contra una epidemia que considera “inevitable”.

Desde un punto de vista científico, el enfoque que adoptó inicialmente el gobierno británico era, sin embargo, razonable. En lugar de tratar de erradicar la epidemia, se centraba en el control de la propagación del virus en la población. Tenía por objetivo evitar una propagación anárquica limitando la infección a los grupos menos vulnerables y confinando a las personas de riesgo (gente mayor o con comorbilidades), para que estos últimos se beneficiaran de la inmunidad adquirida por los primeros.

Epidemia anual
Aunque solo los británicos se atrevieron a exponer su enfoque con tal desnudez, otros también han contemplado dicha posibilidad. El primer ministro neerlandés Mark Rutte no dijo nada distinto cuando explicó que esperaba que el 60% de la población de los Países Bajos se infectara (3). Los Estados Unidos también aplicaron de facto esta misma estrategia durante la primera fase de la epidemia. A pesar de que a mediados de marzo el virus responsable de la enfermedad, el SARS-CoV-2, ya circulaba en el territorio estadounidense y la gran mayoría de los casos aún no se correspondía con ningún foco identificado, el Estado federal solo adoptó medidas menores o simbólicas (tal como la suspensión de los vuelos desde países de riesgo), y dejó que cada estado federado, por no decir cada agencia de salud, se encargara de controlar el riesgo en un país en el que, además, alrededor de 27,5 millones de personas no tienen cobertura médica y un día de internación cuesta, en promedio, unos 3.800 euros. En Francia, hasta el 12 de marzo, día en que se anunció un endurecimiento de las medidas de distanciamiento social, la estrategia tampoco era radicalmente distinta.

Sin embargo, el enfoque británico refleja una visión neoliberal, de tendencia libertaria, del orden de las cosas. Patrick Vallance, ex presidente de investigación y desarrollo del gigante farmacéutico GlaxoSmithKline (GSK) y ahora asesor científico principal (chief scientific adviser) del gobierno británico, afirma que en un mundo “abierto” que se caracteriza por la existencia de sistemas de salud desiguales es inevitable que el coronavirus continúe circulando. Según Vallance, la epidemia está incluso destinada a volverse anual. Aunque es posible contenerla por completo a través de medidas drásticas al estilo chino, es inconcebible que un país como el Reino Unido soporte cuarentenas de más de unas pocas semanas y menos aún confinamientos largos y repetidos durante varios años consecutivos. El argumento de Patrick Vallance se basa en el concepto de “fatiga social” elaborado por el Behavioural Insights Team, también llamado “Nudge Unit”: una unidad de economía del comportamiento que creó David Cameron en 2014 dentro de la Oficina del Gabinete (Cabinet Office) con el objetivo de incorporar la psicología conductista en las grandes decisiones gubernamentales del país (4). Esta institución se vio fortalecida con la llegada a 10 Downing Street de Dominic Cummings, asesor especial de Boris Johnson, y él mismo ferviente admirador de la economía del comportamiento. Así, para el Reino Unido, las medidas de confinamiento estricto no son solo nocivas para la economía, sino también insostenibles socialmente a largo plazo. La victoria de los países asiáticos (China, Singapur, Hong Kong) sobre el SARS-CoV-2 mediante la prohibición de la circulación de personas sería una falsa impresión, ya que si los países restablecieran la circulación interna y externa de la población –apertura que los expertos británicos consideran como un principio ineludible de la organización de las sociedades–, aparecerían inmediatamente nuevos focos de infección que requerirían nuevas y costosas medidas de bloqueo. Algo que ya se está comprobando con la “importación” de nuevos casos chinos (5). Así pues, no hay alternativa: hay que dejar que el virus se propague, desacelerando al mismo tiempo su circulación.

Gestión “abierta”
El orden neoliberal emitió sus normas a través de sus instancias de coordinación internacional en materia de epidemias, a la cabeza de las cuales se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al defender un enfoque global del problema, la institución promueve una gestión “abierta” de las propagaciones de virus: si por un lado apoya las medidas de cuarentena de ciudades y regiones adoptadas por los Estados de los países afectados, por el otro, rechaza el cierre de fronteras (descrito como (...)