La salud pública, el día después

Todos los especialistas concuerdan: el confinamiento total es el precio por la falta de medios, en particular en los hospitales, debido a la incuria de los gobiernos que se sucedieron en los últimos treinta años. Ahora es el momento de aprender la lección y revisar de cabo a rabo la política sanitaria.

“Estamos en guerra”. El presidente de la República Emmanuel Macron lo repitió siete veces durante su solemne alocución del 16 de marzo de 2020. En guerra, ¿contra quién? Contra un virus que provoca una enfermedad benigna en aquellas y aquellos que no mata. Pero que, como es particularmente contagioso, puede matar a mucha gente y no solo a las personas mayores o vulnerables –a falta de vacunación-. De ahí las variaciones de la comunicación gubernamental.

En efecto, pasamos en pocas semanas, de mensajes tranquilizadores que apuntaban a proteger a las personas llamadas “de riesgo” a la movilización general que conmina a todas las personas a acudir lo antes posible a los refugios. La contradicción culminó la víspera de la primera vuelta de las elecciones municipales, cuando el primer ministro Édouard Philippe decidió el cierre inmediato de los bares y los restaurantes, comprometiendo al mismo tiempo a los ciudadanos a dirigirse al día siguiente a las mesas de votación. El “al mismo tiempo” macroniano se tornó en confusión. Provocó una abstención masiva justificada, que puso fin a la “mascarada”, en términos de Agnès Buzyn, decepcionada por su resultado electoral, tras su salida del ministerio de Salud. El “jefe de los ejércitos” se amparó entonces cautamente en el supuesto aviso emitido por expertos científicos, acusando a su vez a los malos franceses de “negligencia”. De donde surge una impresión de irrealidad, que acentúa el histrionismo de los discursos afectados y grandilocuentes del presidente.

Reviste mayor gravedad que esta guerra no debería ser la “prosecución de la actividad política con medios diferentes”, según la expresión consagrada. Ella impone un vuelco total. En efecto, la epidemia reveló brutalmente la peligrosa inepcia de la política neoliberal que se mantuvo ininterrumpidamente desde el último cuarto del siglo XX y que Macron decidió profundizar, transformando al empleado en emprendedor autónomo y al usuario del servicio público en cliente. Como ministro de Economía que luego se postula para presidente de la República, él deseaba que cada vez más “jóvenes franceses tengan ganas de convertirse en millonarios (1)” y los exhortaba a que “ya no busquen un jefe, sino clientes (2)”.

Esa visión mercantilista dibuja la línea directriz de las políticas de salud que se aplicaron con asiduidad, desde la introducción de la tarificación de la actividad (T2A) para financiar los hospitales públicos, en 2004 (3). Se trata de poner a competir a estos últimos con clínicas comerciales, en un seudo mercado administrado. El objetivo de cada establecimiento ya no es responder a necesidades sino “ganar partes de mercado”, aumentando la actividad financieramente “rentable”, mientras “se reducen los costos de producción”.

Catástrofe anunciada
Para garantizar el equilibrio contable, hay que aumentar las internaciones, y al mismo tiempo reducir su duración, cerrar camas (70 000 en diez años) y contener la masa salarial, congelando los salarios, restringiendo la cantidad de personal e imponiendo el “trabajo de flujo extendido”. Esta concepción ideológica, que reduce al hospital público a una cadena de producción o plataforma de aeropuerto, se justifica con el desarrollo de las actividades técnicas estandarizadas programadas, como la colocación de marcapasos o stents vasculares, la diálisis, coloscopía o cirugía ambulatoria, es decir, las actividades que privilegian las clínicas privadas.

Lamentablemente, desconoce la explosión del ingreso a las urgencias, consecuencia del crecimiento de los desiertos médicos en las zonas rurales y urbanas, así como el crecimiento de las enfermedades crónicas; y hace caso omiso del retorno de las epidemias infecciosas, pese a las múltiples alertas de los últimos años.

A partir de 2008, el ajuste presupuestario público recayó principalmente sobre los hospitales, a los que se impuso, en diez años, 8000 millones de euros de ahorro y a los que se pide, además, para 2020, 600 millones de ahorro. La crisis de la epidemia de bronquiolitis en el otoño de 2019, durante la cual los especialistas en reanimación pediátrica debieron trasladar lactantes a más de 200 kilómetros de su domicilio parisino, a falta de camas y de personal, anunció la catástrofe. Pero no hizo vacilar a las autoridades políticas, apegadas a su visión financiera de la salud pública.

Fue pues necesario el Covid-19 para dar la razón al Colectivo Inter-Hospitales (CIH) y descalificar en pocas semanas el credo neoliberal: el salvaje ajuste presupuestario de los hospitales, la tarificación de la actividad, la gobernanza empresarial trasladada a la salud pública… El presidente Macron pareció descubrir repentinamente que la salud debía sustraerse a los mercados. Los “primeros de cordada” dieron espacio en sus discursos a los “héroes de delantal blanco”, aquellos y aquellas que desde hace meses reclaman el fin de la asfixia presupuestaria.

Pese a todo, para nuestros gobernantes no es cuestión de anunciar claramente un aumento salarial para el personal (...)