En el contexto nacional, es un hecho que el asalto neoliberal ha limitado la capacidad de acción y de colaboración de las universidades del Estado. Indudablemente esto se reflejará negativamente en la reacción que tendrán para diseñar e implementar acciones estratégicas, que se requieren para atender los desafíos de la actual crisis sanitaria. La pandemia del Covid-19 será el enésimo ejemplo del fracaso de la lógica de mercado, instalada y aplaudida en Chile por más de cuarenta años de gestión neoliberal. Las universidades tendrán dificultades para satisfacer las necesidades de la sociedad y las demandas de los sectores más pobres en particular.
El gran empresariado nacional e internacional está adaptándose, desde hace tiempo, a los efectos y consecuencias catastróficas de la producción capitalista, tal como se advierte en el tema del cambio climático. Lo mismo se observa con las transnacionales farmacéuticas que, sabiendo de la probabilidad real que se produzcan pandemias, se disputan las patentes de vacunas y medicamentos, para asegurar y aumentar sus beneficios económicos.
Sin embargo, pese a las adaptaciones y precauciones que está tomando el capitalismo internacional y, a lo rentable que puede ser esta catástrofe para las grandes transnacionales, en términos generales, el Covid-19 será sin duda, un duro golpe al sistema de producción capitalista. En el caso chileno, con toda seguridad, el impacto de la pandemia se convertirá en otro “gatillante” de la crisis de legitimidad que afecta al gobierno, al sistema político en su conjunto y al modelo productivo y laboral.
El estallido social de octubre de 2019 mostró el agotamiento y fracaso del modelo económico y de la cultura de mercado. Si bien la demanda se expresó en diversos ámbitos sociales, el énfasis estuvo puesto en las dimensiones previsional y educacional. En este último caso, la Ley General de Educación, promulgada y celebrada por todos los representantes políticos en el año 2009, dio cuenta de su nulo impacto en la disminución de las desigualdades educativas. De hecho, en los últimos 10 años, las brechas de desigualdad y de inequidad entre el sistema de educación público y privado, se incrementaron brutalmente al amparo de este marco jurídico. Esta situación ha sido profusamente denunciada por la ciudadanía, sus organizaciones y por las propias instituciones públicas de educación superior.
A pesar de la vulnerabilidad en la que se ha recluido a la universidad pública del Estado, una vez más, para abordar la emergencia sanitaria, las instituciones de educación superior estatales se levantan como una de las pocas entidades sociales, de las que se espera un aporte significativo. Ellas ocupan un lugar de privilegio para la comprensión, diseño, contención y prevención de las diferentes contingencias que emergerán al alero de la crisis del modelo. A diferencia de la mayoría de las instituciones públicas y privadas nacionales, las universidades públicas del Estado aún mantienen el reconocimiento y aceptación de la ciudadanía y sus organizaciones.
En el (…)
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