“El 50 por ciento de quienes cometen delitos ha pasado alguna vez por el sistema de Sename”, dijo en reiteradas ocasiones el abogado Jaime Campos mientras fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (1), aludiendo a estudios internos realizados por Gendarmería de Chile, el organismo que está a cargo de las más de 130 mil personas que -bajo distintas modalidades- están bajo su custodia (2).
Según informaciones oficiales de Sename, en 2017 la institución atendió en sus distintos programas a casi 200 mil niños, niñas y adolescentes (3) la mayoría de ellos en el área de protección de derechos. Este es el universo aproximado al que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) buscaba llegar y obtener información según el acuerdo suscrito entre ambas instituciones a través de un convenio (4) que buscaba dar “acceso (a la) información que posee Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional”. A poco andar fue desestimado por el fuerte rechazo que concitó y por las flagrantes vulneraciones de derechos que suponía tal acuerdo (5).
Ni el documento, ni las autoridades a cargo explicaron con transparencia el objetivo preciso del traspaso de informaciones de la niñez vulnerada hacia el organismo de inteligencia, que no fuera la extendida sospecha que se trataba de un mecanismo de control anticipatorio de quienes eventualmente podrían cometer delitos. No solo porque es extendida la apreciación del exministro Campos que asocia la vulnerabilidad de la población de Sename con la eventual comisión de delitos, sino también porque fue extendida la creencia que parte de la llamada “Primera línea” de las protestas estaba integrada por niños vinculados a Sename.
El episodio ANI-Sename es apenas un ejemplo de cómo las autoridades, desde distintos niveles, aprovechan el shock que ha impuesto la pandemia para avanzar en políticas de control de la población. (…)
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