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Emergencia sanitaria y erosión democrática en Brasil

La cabalgata autoritaria de Jair Bolsonaro

El 31 de mayo de 2020, el ex capitán de paracaidistas Jair Bolsonaro, elegido presidente de Brasil diecinueve meses antes (1), abandonó el Palacio Presidencial para unirse a una manifestación que exigía la intervención militar para poner en vereda al Congreso y al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima institución judicial del país. Era la cuarta vez desde que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo trabajo es criticado por el presidente brasileño, calificó el brote de Covid-19 como una pandemia. Sin duda preocupado por que la escena quede grabada en las memorias, Bolsonaro decidió aparecer en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, montado en un caballo de la Policía Militar (PM).

Aunque había optado por una simple camisa azul, sin las condecoraciones militares que caracterizan las fotografías ecuestres de Benito Mussolini, la imagen no podía dejar de recordar al condottiere italiano. No era una coincidencia: un poco más tarde, el presidente publicaba en su Facebook una cita del Duce: “Es mejor vivir un día como un león que cien años como un borrego”.

Este es el clima en el que Brasil atravesó los primeros tres meses de la pandemia. Hasta entonces, el país parecía experimentar lo que el politólogo Adam Przeworski llama “autoritarismo sigiloso” (2). Este concepto refleja una lenta erosión de la democracia caracterizada por: 1. su naturaleza progresiva; 2. su respeto formal al Estado de Derecho y 3. el hecho de que la implementan líderes electos y no fuerzas externas al sistema político. No hay tanques en las calles, por lo tanto tampoco una junta militar tomando el poder.

Sin embargo, Bolsonaro ha decidido aprovechar la emergencia sanitaria para acelerar la erosión democrática. Mientras que otros gobernantes con vocación dictatorial imponían medidas de confinamiento para extender su poder, el presidente brasileño presenta la lucha contra las recomendaciones científicas como un combate que justifica una escalada autoritaria. Inspirado en el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro se erigió en uno de los primeros heraldos de la libertad individual de seguir trabajando, mientras que los gobernadores de varios de los estados del país -apoyados por el STF y el Congreso- instaron a la gente a quedarse en casa.

Con el fin de radicalizar su antagonismo con los demás poderes, el jefe de Estado destituyó a dos ministros de Salud, culpables de apoyar los análisis de la OMS, y confió dicha cartera a un general; promovió la hidroxicloroquina, sin prueba de su eficacia; visitó varias fábricas, donde abrazó a diferentes personas sin mascarilla y sin respetar los protocolos de distanciamiento físico; invitó a sus seguidores a ir y grabar videos que mostraran que los hospitales disponían de camas vacías; ignoró las informaciones que documentaban el progreso de la epidemia.

En otras palabras, orquestó un caos sanitario que a mediados de junio provocó la muerte de unas 1.200 personas por día, en comparación con las 30 de Argentina (con una población cinco veces menor). Con un total de más de 55.000 decesos, aun sin saber si el país ya alcanzó el peak de la epidemia, Brasil totaliza la mitad del número de muertes registradas en Estados Unidos (el mayor del mundo).

Investigación judicial
¿Cómo pudo Bolsonaro lanzar su cabalgata protofascista? En primer lugar, siendo audaz. A finales de abril despidió al responsable de su meteórico ascenso, el ex juez Sergio Moro, arquitecto de la Operación Lava Jato contra la corrupción (3), y hasta entonces ministro de Justicia. ¿El objetivo? Influir en la poderosa Policía Federal (PF), el equivalente brasileño del FBI estadounidense, donde miles de policías organizan, entre otras cosas, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Desde el retorno a la democracia en 1985, los presidentes han respetado la autonomía de la institución, que pasó a ser considerada una estructura estatal y no gubernamental. En un discurso pronunciado el 24 de abril al salir del Ministerio y tras documentar las presiones para que nombrara comandantes leales al Presidente (incluso en Río de Janeiro, donde la familia Bolsonaro es objeto de investigaciones comprometedoras), Moro se mostró incisivo: la renuncia, el día anterior, del director general del PF “pone en tela de juicio [...] el compromiso más importante que debe obligarnos a respetar la ley”.

El encarcelamiento del ex suboficial de la PM Fabrício Queiroz el 18 de junio pone una vez más en el centro de la escena los problemas de la familia Bolsonaro con las autoridades judiciales de Río de Janeiro. Queiroz –ex asesor del senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del Presidente, sospechado de malversación de fondos cuando era diputado en el Estado de Río–, fue detenido por la policía en una casa perteneciente a un abogado cercano al jefe de Estado. Al cierre de este artículo, nadie podía calibrar las implicaciones de este episodio, particularmente en las relaciones entre el STF y el Presidente. A pesar de la forma en que utilizó la justicia para perseguir a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores (PT), la clase media, (...)

Artículo completo: 2 591 palabras.

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André Singer

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Pablo. Autor de O lulismo em crise (Companhia das Letras, 2018). Entre otros artículos, ha publicado “The failure of Dilma Rousseff’s developments experiment” (Latin American Perspectives, Vol. 47, Nº 1, Riverside, enero de 2020).

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