Pensando en un nuevo modelo universitario

Desde que las universidades del viejo continente decidieron cerrar sus aulas y estimular las estrategias del teletrabajo, el sistema de educación superior chileno observó con preocupación el escenario que se le avecinaba. Pero, una vez que las autoridades políticas y administrativas nacionales cedieron a las presiones de la sociedad civil y científica, inclinándose y autorizando la paralización de clases presenciales, la preocupación de las rectorías universitarias se transformó en angustia.

En un modelo educacional tan sui géneris y extravagante como el nuestro, sostenido en la actividad privada y ajustado a las leyes de la oferta y la demanda, la inquietud por la solvencia y liquidez financiera emergió de manera inmediata. Desde el comienzo de la crisis, sistemas escolares, como el universitario, se han esforzado por asegurar un financiamiento mínimo, que les permita sobrellevar este periodo sin poner en peligró la viabilidad institucional. En Chile, las instituciones escolares y de educación superior comparten la misma intranquilidad que tiene actualmente una industria de zapatos o de publicidad. Es decir, si no se cuenta con personas dispuestas y con posibilidad para pagar por los servicios y productos ofrecidos, la empresa simplemente quebrará. Sabemos desde hace al menos 30 años, que en nuestra sociedad no hay distinción entre las categorías de “clientes” de una empresa privada y “estudiantes”.

De esta forma, la angustia por la forma en que las universidades pueden asegurar su funcionamiento, sin la presencia y el pago oportuno de la mensualidad estudiantil, es compartida por todo el sistema de educación superior. Pero en analogía con las empresas del mundo productivo, industrial o de servicios, los dilemas en que se encuentran las universidades también presentan algunas diferencias. Para estimar el grado de intranquilidad financiera de las instituciones universitarias, lo primero que se debe considerar en Chile, es el tipo de “cliente” que se está atendiendo. En primer lugar, nuestro mercado educacional, cuenta con universidades públicas y privadas que concentran y seleccionan estudiantes pertenecientes a los grupos socioeconómicos altos y medios altos. Para este primer tipo de universidades, la educación a distancia es una opción posible y viable para asegurar su oferta y funcionamiento. Cuentan con recursos disponibles y condiciones instaladas tanto sus organizaciones como en los hogares de sus estudiantes. Esta condición de base permite mantener el equilibrio entre la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del estudiantado.

Pero, en este abanico de ofertas universitarias, también se encuentran las instituciones de educación superior que atienden a los estudiantes que se ubican en los grupos socioeconómicos más pobres del país. Estas universidades, públicas y privadas, son las que enfrentan los mayores problemas de financiamiento. La ley de gratuidad les otorga un cierto respiro económico, al menos a algunas de ellas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengan matriculados con este beneficio público. Dicho en otras palabras, la relativa tranquilidad económica dependerá del porcentaje de estudiantes que cuentan con este beneficio público. Pero, aunque esta “ayuda estudiantil” puede aliviar la liquidez inmediata de algunas universidades que atienden al estudiantado vulnerable, ello no asegura la operación a mediano y largo plazo. Varias universidades que pueden acceder a la ley de gratuidad requieren, para su viabilidad económica, el pago de la mensualidad del porcentaje restante de estudiantes que no cuentan con este (...)