Notre-Dame: Rentabilizar el pasado

15 de abril de 2019: la aguja se tambalea en medio de un espectacular incendio. Las grandes fortunas francesas acuden en socorro de la catedral de Notre-Dame. Bernard Arnault y su grupo LVMH, François Pinault y Kering, los hermanos Bouygues y su holding familiar, Total, L’Oréal… Llueven las promesas de donaciones. 100 millones de euros por un lado, 200 millones por el otro… Un año más tarde, se ha entregado la mitad de los 1.000 millones prometidos, mientras que el resto debería ir llegando poco a poco. Una movilización inédita para un monumento de culto, convertido, a lo largo de sus nueve siglos de existencia, en uno de los símbolos de Francia. No obstante, en 2017, el arzobispo de París había advertido: “El estado de Notre-Dame es tal que pronto sus estructuras no aguantarán más y pondrán en riesgo la propia estabilidad del monumento, por no hablar de la pérdida definitiva de la decoración escultórica” (1). La aguja, el coro, la cabecera… había toda una serie de trabajos que realizar. Era necesario conseguir cien millones de euros para las dos siguientes décadas y dos millones de euros para atender lo más urgente: el andamiaje de la aguja de Viollet-le-Duc, que amenazaba ruina (es decir, el equivalente al presupuesto anual que el Estado, propietario de Notre-Dame, dedicaba a la catedral).

En mayo de 2017, el Estado y la Fondation Avenir du Patrimoine de París firmaron un acuerdo marco para preservar las iglesias históricas de París y sus obras de arte por el cual el Estado se comprometía a pagar un euro de subvención adicional por cada euro de mecenazgo recaudado hasta un máximo de 4 millones anuales. Pero, ante la insuficiente respuesta, el arzobispo decidió probar al otro lado del Atlántico, donde la popularidad de Notre-Dame es grande. Esa fue la misión de la fundación Friends of Notre-Dame de Paris, impulsada en 2017. Dos años más tarde, el 16 de abril, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba la creación de una suscripción nacional. Y, al día siguiente, el exjefe de Estado Mayor de los Ejércitos, Jean-Louis Georgelin, era nombrado “representante especial” del presidente y del Gobierno encargado de “velar por el avance de los trabajos y obras que se llevarán a cabo”.

Este nombramiento resulta sorprendente. ¿Por qué llamar a un general retirado y no al Ministerio de Cultura, que es el responsable de financiar los trabajos de mantenimiento, reparación y restauración (el Estado es el propietario de 87 catedrales)? Porque, según explicó el general a la comisión de cultura del Senado el 22 de enero de 2020, el presidente “quería, para esta misión, a un católico, alguien que hubiera ejercido altas responsabilidades en el Estado y que fuera reconocido como un hombre de autoridad”... El 24 de abril de 2019, el Gobierno presentó con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la restauración y conservación de Notre-Dame, autorizándose “a tomar, mediante ordenanzas, (...) todas las disposiciones dentro de la ley que puedan facilitar (...) la realización de las obras de restauración de la catedral”. Aunque eso requiriera, para alcanzar dichos objetivos, “adaptaciones o derogaciones de las normativas de urbanismo, medio ambiente, construcción y preservación del patrimonio”.

La formulación es atípica. ¿Acaso el Estado no es el mejor garante de esas normas? Con razón, el Senado enmendó el texto al juzgar como “absolutamente incomprensible la idea de introducir derogaciones a las normas del derecho común para facilitar la reconstrucción de Notre-Dame”. ¿Por qué, se preguntaba, “imponer semejante plazo cuando todavía no ha podido realizarse ningún diagnóstico” y por qué crear una entidad pública a riesgo de desacreditar “la capacidad del Ministerio de Cultura para hacerse cargo de la tarea”? (2).

Hubo que esperar al decreto de aplicación del 28 de noviembre de 2019 de la ley del 29 de julio de 2019 relativo a la conservación y restauración de Notre-Dame de París para obtener algunas (...)