Plebiscito constituyente y mayores garantías para la libertad de expresión

La crisis social y sanitaria que vive Chile desde octubre del año pasado ha dejado en evidencia los espejismos de nuestra democracia. Uno de ellos ha sido el del respeto a la libertad de expresión. La sistematización de datos que viene realizando el Observatorio del Derecho a la Comunicación da cuenta de un estado de las comunicaciones y los medios en Chile de cara al plebiscito constituyente que se avecina, caracterizado por: una gran cantidad de despidos de trabajadores del sector; ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, especialmente pequeños, comunitarios e independientes, por parte de las fuerzas policiales, así como falta de apoyo judicial efectivo para obtener protección en situaciones de vulneración al ejercicio de la libertad de expresión por parte de estos mismos medios; serios problemas de acceso a la información pública, tanto en temas de seguridad como de salud; presiones directas o indirectas de gobierno y empresarios sobre medios de comunicación; una televisión pública débil en este concierto y un aumento de denuncias ciudadanas al tratamiento informativo de la TV, que se complementa con distintos estudios que indican la falta de pluralismo en este soporte. La Fundación Datos Protegidos, por su parte, ha documentado diversas situaciones de filtrado y bloqueo de cuentas de redes sociales que han denunciado o documentado vulneraciones de derechos humanos en el país. Esto ocurre mientras se produce un retroceso en la relevancia de la prensa diaria como espacio de debate y un uso cada vez más intenso de las redes sociales digitales como espacio de denuncia y circulación de una mayor diversidad de opiniones y puntos de vista, por fuera del sistema tradicional de medios y sus líneas editoriales particulares. La vinculación entre violencia, anonimato y redes sociales realizada por el Presidente en su cuenta pública de julio pasado debe entenderse en este contexto.

Los problemas de fondo
Esta es una foto de los últimos 10 meses. Sin embargo, ella debe ser puesta sobre un fondo de problemas estructurales que ayudan a entender por qué en el contexto de crisis social y sanitaria se ha resquebrajado rápidamente la idea de que Chile es un país garantista en materia de libertad de expresión.

Me refiero, entre otras cuestiones, a la persistencia del artículo 36B a) de la Ley General de Telecomunicaciones, que persigue con penas de cárcel la radiodifusión sin licencia y que afecta principalmente a las y los radialistas (...)