Nuevos vientos tributarios: impuestos a la riqueza

En América Latina y el Caribe tenemos un sistema tributario que parece feudal: privilegia a los dueños del capital y los propietarios frente a los trabajadores. Pero la crisis provocada por el Covid-19 trae vientos nuevos y los impuestos a la riqueza son opciones para enfrentarla.

Lo que el Covid-19 se llevó
La pandemia se ha llevado más de 1 millón de vidas a nivel mundial y las medidas tomadas para controlar su expansión han provocado una crisis sincrónica global. En América Latina y el Caribe se estima que, desde su inicio, hemos retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza (1). Según la CEPAL al final de este año, 45 millones de personas que no eran pobres antes de la pandemia, lo serán. Se estima que 2.7 millones de empresas formales han cerrado y la caída del PIB regional será de -9.1% a fin de 2020 (2).

Se ha hecho evidente el rol del Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población. No solo para los más vulnerables sino para la sociedad en su conjunto. Es impostergable revalorizar lo público, lo colectivo frente a las respuestas individuales. La inversión de recursos para disminuir los efectos de la crisis ha sido clave. Todos los Estados han puesto en marcha programas de mitigación que han significado un esfuerzo fiscal que representa el 4,1% del PIB a nivel regional (3).

Simultáneamente, la caída de la actividad económica y el empleo han reducido las recaudaciones de forma dramática. La proyección actual de los gobiernos para el cierre de 2020 indica que disminuirá del 18,5% el PIB regional en 2019 al 17,0% del PIB este año. Esta baja, genera Estados nacionales con poca capacidad de incidir en la distribución del ingreso, en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y, por lo tanto, también en la respuesta a la crisis.

La experiencia nos confirma que la austeridad no es una buena respuesta a las crisis. El aumento de la pobreza y la desigualdad que ocasionaron las políticas de ajuste del Consenso de Washington en los años 90 evidencian que se requieren medidas fiscales expansivas para impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible. Sería un grave error que el costo de las políticas necesarias para enfrentar la pandemia del coronavirus se pague con austeridad.

Es importante reconstruir el contrato social y ganar la confianza ciudadana mejorando la calidad del gasto, eliminando la corrupción público privada, haciendo que el costo de la crisis recaiga en quienes pueden afrontarlo, reduciendo ganancias y no reduciendo derechos.

Desigualdad extrema: tributación y privilegios
La desigualdad se agudizará. Hay personas y empresas que han aumentado sus ganancias durante la pandemia. Según datos de Forbes publicados por Oxfam, los milmillonarios de la región aumentaron su riqueza en 48,200 millones de dólares del 18 de marzo al 12 de julio (4), es decir, durante el periodo más estricto de confinamiento y por tanto beneficiándose de la pandemia.

La riqueza en América Latina y el Caribe está hiper concentrada en pocas manos y tributa muy por debajo de las rentas del trabajo o las empresariales. El 41% de la riqueza lo tiene el 1% más rico y solo aporta el 3.8% de la recaudación total.

Gravar las grandes fortunas es una importante opción a la hora de financiar los costos y la recuperación de la pandemia sin afectar la actividad económica. La extrema desigualdad en América Latina y el Caribe ha sido uno de los principales obstáculos para el avance de un sistema democrático que dé garantía de derechos a todos. La riqueza concentrada en grupos minoritarios les ha dado mucho poder para influir en las decisiones públicas. La política fiscal, tal y como está diseñada en la mayoría de los países de la región, (...)