En Túnez, persisten las brasas del espíritu de revuelta

Noviembre de 2020. A un mes del 10º aniversario del estallido de la revolución tunecina, que provocó la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Ali, el 14 de enero de 2011, el descontento popular que se venía expresando hace ya varios meses se amplifica. En Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Jendouba, Gabes y otras localidades de esas gobernaciones olvidadas por el poder y duramente golpeadas por la inédita recesión económica debida a la pandemia de Covid-19, las movilizaciones se propagan. Precarizados y excluidos protestan, cortan rutas, implementan coordinaciones. En todas partes, reclaman empleos y desarrollo, y exigen la apertura de negociaciones con representantes del gobierno central, para presentar sus males y sus propuestas. Al cabo de una década, la constatación es inapelable: quienes reemplazaron al dictador derrocado traicionaron la promesa de dignidad que la revolución encarnó. Las autoridades la rebautizaron incluso como “transición democrática”, una forma sutil de negar toda legitimidad política a aquellos que lideraron la protesta.

Esa “transición” está en crisis. Sus conquistas, particularmente en materia de libertades individuales y derecho a la expresión, están cada vez más amenazadas. Desde 2018, unos cuarenta blogueros y usuarios de la red Facebook fueron procesados por la justicia (1). El Ministerio del Interior, blanco de recurrentes críticas, advirtió en octubre de 2019 que iniciaría acciones judiciales “contra todas las personas que intencionalmente ofendieron, pusieron en duda o acusaron falsamente a sus servicios”. Al mismo tiempo, cuando se creía que la revolución renovaría a las elites en el poder, se está produciendo un retorno de las figuras del antiguo régimen, seguras de su impunidad.

Las intrigas de los partidos mayoritarios y la omnipresencia del dinero privado –a veces oculto, o proveniente del exterior– en el financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales, pervirtieron el juego político competitivo que consagró la nueva Constitución, adoptada en 2014 (2).

Persisten desigualdades
La efervescencia contestataria actual no hace más que evidenciar la naturaleza estructural –o “de hegemonía”, para retomar la expresión de Antonio Gramsci (3)– de la crisis que atraviesa el país. Como en el gobierno Ben Ali, el nuevo poder, acoplado a la alianza entre islamistas y el antiguo régimen, se muestra incapaz de reducir las desigualdades territoriales (4). Desde 2011, la aplicación de políticas de austeridad (congelación de la contratación en la función pública, reducción de subsidios...) y el avance, así sea mínimo, en las “grandes reformas económicas” (privatizaciones, independencia del Banco Central, apertura del mercado…) no hicieron otra cosa que despojar aun más al Estado de su poder de regulación social. A ello se añade el mantenimiento de un régimen fiscal muy inequitativo, que grava sobre todo los bajos ingresos, en un país donde el 10% de los más ricos tienen el 40% del ingreso nacional y donde la evasión fiscal es muy elevada (5). El reverso de esta política fue el sobreendeudamiento y el aumento de la dependencia de las instituciones financieras internacionales. La deuda exterior asciende al 75% del Producto Interno Bruto (PIB), y podria alcanzar el 90% en 2021, debiendo Túnez multiplicar sus peticiones a los acreedores, para hacer frente a múltiples vencimientos de pago. Durante el primer mandato parlamentario (noviembre 2014 – agosto 2019), el 43% de las leyes aprobadas por los diputados trataron sobre acuerdos de préstamos del exterior destinados en parte a pagar la deuda contraída por el régimen de Ben Ali. Y según la Instancia de justicia transicional de la Verdad y la Dignidad (IVD), entre 2011 y 2016, más del 80% de esos préstamos se utilizaron para pagar la deuda (6).

Durante diez años, mientras los once gobiernos sucesivos reivindicaron ritualmente el “desarrollo regional” como prioridad nacional, las disparidades entre ciudades costeras y ciudades interiores, en términos de acceso a los recursos y servicios públicos se agravaron. El Centro-Oeste, que agrupa a las gobernaciones (departamentos) de Sidi Bouzid, Kasserine (las dos cunas de la revolución) y Kairuán, sigue expresando los índices de pobreza más altos del país (29,3% en promedio, contra 6,1% en Túnez) (7). Kasserine, que tiene el récord trágico del mayor número de “mártires” de la revolución, sigue albergando a las tres delegaciones (distritos administrativos) más desfavorecidas, con un índice de pobreza del 50%. Entre 2016 y 2020, se concretaron apenas la mitad de los pocos proyectos concedidos a las regiones del interior, para compensar su retraso de desarrollo. Peor aun, diez años después de la revolución “de la juventud”, el desempleo de los jóvenes sigue siendo estructural y masivo. En la ciudad de Kasserine, este afecta a más del 43% de la franja entre 18 y 34 años (8). Agravado por la pandemia de Covid-19, actualmente golpea al 35,7% de la franja entre 15 y 24 años (9). Por su parte, el índice de inactividad de los (...)