Revuelta de los campesinos indios contra el agronegocio

En plena crisis sanitaria, el gobierno indio promulgó tres leyes que implican una desregulación brutal del sistema público alimentario y agrícola. Desde su adopción por el Parlamento a mediados de septiembre de 2020, estas normas provocaron un movimiento de protesta sin precedentes en todo el país. Marcan el fin de un pacto moral entre el poder y el campesinado.

Desde fines de noviembre de 2020, cientos de miles de campesinos se han instalado en las puertas de Nueva Delhi, plenamente decididos a doblegar al gobierno. No es la primera vez que los agricultores ocupan el centro de la escena mediática y política de India: algunas veces debido a tragedias como los suicidios en masa, otras por su lucha contra los organismos genéticamente modificados (OGM) o contra las expropiaciones (1). Esta vez, sin embargo, su número, su determinación y sus modos de acción, así como la adhesión de una gran parte de la sociedad que se opone a la política del primer ministro Narendra Modi, contribuyen a darle a estas manifestaciones un carácter inédito.

La adopción de tres leyes –propuestas por el gobierno a comienzos de junio y votadas por el Parlamento a mediados de septiembre– encendió la mecha en un sector ya ampliamente disminuido. Su participación en la población activa pasó del 70% en 1951 al 48% en 2011. Mientras que para Ashok Gulati, reconocido especialista indio y partidario de estas reformas, se trata de sentar las “bases de la modernización de la agricultura” del país (2), para los principales afectados, estas leyes marcan el comienzo de un desmantelamiento de la política agraria y alimentaria adoptada en los años 1960-1970.

Fin de la regulación
Dicha política se basa en precios mínimos de sostén que, si bien solo se aplican directamente en un tercio del comercio agrícola, principalmente para los productores de arroz y cereales del noroeste del país, orientan los precios de las demás producciones. Las cosechas se venden en los mercados mayoristas (mandis) que regula cada estado. Pero, en última instancia y para sostener los precios, también pueden ser compradas por la agencia nacional de alimentos, la Food Corporation of India, que luego entrega los excedentes a las agencias estatales de redistribución para los habitantes más pobres.

La primera ley, llamada “Ley de Comercio y Promoción de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación)” (3), autoriza a los agricultores a vender fuera de los mandis. Estos últimos, concebidos inicialmente para reducir el poder de los intermediarios, pronto fueron dominados por grandes familias. Así, se formaron monopolios locales de facto –que suelen corresponderse con el dominio de las castas– para la compra, intercambio y transporte de los productos agrícolas.

Antes que reformar esos mandis, el gobierno central tiene la intención de promover “mercados alternativos” más competitivos. Teniendo en cuenta la experiencia del estado de Bihar, que los suprimió en 2006, los agricultores temen una extinción progresiva de los mercados mayoristas y de cualquier forma de regulación. Desde entonces, “los agricultores [de Bihar] quedaron a merced de los comerciantes, quienes, sin ningún escrúpulo, fijan precios aun más bajos [que en los mandis]” (4). Por este motivo, para Richa Kumar, investigadora en el Indian Institute of Technology de Nueva Delhi, la ley establece más bien la “libertad” de los actores de la agroindustria para “comprar donde sea” (es decir, fuera de los mercados regulados) (5).

La segunda ley, llamada “de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas”, intenta fomentar los contratos entre los agricultores y los compradores según un marco de precios acordados antes de la cosecha. También en este caso, el gobierno prioriza la “libertad” del agricultor de elegir dónde quiere vender. Pero, ¿qué peso tiene este frente a los gigantes de la industria agroalimentaria y la gran distribución? Además, esto podría alentar el monocultivo especulativo e intensivo en lugar de la diversificación agroecológica de los cultivos.

Una apuesta arriesgada
El tercer texto, llamado “de Productos Básicos Esenciales (Enmienda)”, retira el aceite, la cebolla y la papa de la lista de productos sujetos a regulación pública. Esto significa el fin de las compras por parte de las agencias estatales, mientras que el campesinado habría deseado su expansión masiva. El objetivo declarado es atraer inversiones privadas para el desarrollo y modernización de las infraestructuras de almacenamiento, ya que las agencias estatales suelen ser acusadas de desperdicio debido a las malas condiciones de conservación. Sin embargo, al no existir ninguna intervención reguladora del Estado, esta apuesta parece arriesgada en un país en el que el nivel de malnutrición sigue siendo elevado: el 14% de la población está desnutrida (6). Los pobres corren el riesgo de la escasez y los otros consumidores, una suba de los precios de venta al público. “Esta ley no solo juega en contra de los agricultores, sino también del ‘hombre corriente’. Le da luz verde a la (...)