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El país vuelve a las urnas

¿Bastará con cambiar la Constitución?

Hubiéramos esperado a que exprese alegría, pero Alondra Carrillo está furiosa. Desde hace muchos años, esta joven militante feminista de Santiago de Chile esperaba el momento en que su país se desharía de la Constitución de 1980, heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989). Mientras que desde la transición “hacia” la democracia todos los gobiernos se dedicaron a preservar el statu quo, unas manifestaciones masivas finalmente forzaron al poder a modificar la Carta Magna.

Se estableció una plataforma virtual para facilitar el patrocinio ciudadano de las dos mil personas que optaron por una candidatura independiente, lejos de las formaciones tradicionales. Con algunas compañeras de la Coordinadora Feminista del 8 de Marzo (1), Carrillo se presenta como candidata para las elecciones de convencionales constituyentes. Sin embargo, en este 2 de marzo, echa humo: la autoridad electoral acaba de hacer público el modo de financiamiento de la elección, que niega a los candidatos independientes condiciones similares a las de los grandes partidos. Es una forma de “discriminación antipopular” denuncia, consciente de que para los 450 candidatos independientes que ya obtuvieron las firmas validando su candidatura, la carrera de obstáculos está lejos de haber terminado.

Desde el final negociado del régimen militar en 1989, Chile ha sido descrito por las elites latinoamericanas como una “democracia de consenso” ejemplar. Sin embargo, la success story de la contrarrevolución neoliberal inaugurada por los militares en 1975 se ha ido fisurando progresivamente hasta revelar el malestar de una sociedad desigual, mercantilizada y anómica. A pesar del aplastamiento del movimiento popular durante el regimen del general Pinochet y de la precarización general del trabajo, las iras dispersas seguían incubándose bajo las cenizas. Estudiantes, trabajadores portuarios o mineros, feministas y minorías sexuales, jubilados dependientes de fondos de pensión, clases medias endeudadas: desde 2006, muchos sectores manifestaron su descontento. Sólo faltaba una chispa para el estallido.

La rebelión de octubre
Para comprender la situación actual hay que volver al 2019. “En medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”, se regocija el presidente multimillonario de derecha Sebastián Piñera (2). Pocos días después, desbordado por la amplitud de los disturbios populares, su gobierno invoca la Ley de Seguridad del Estado (una ley de excepción que permite condenas exprés en nombre del mantenimiento del orden público) y se ve forzado a cerrar el conjunto de las líneas de subterráneo de una capital que cuenta con seis millones de habitantes. Durante toda la noche, los carabineros –las fuerzas de policía locales– se enfrentan violentamente con manifestantes formados en barricadas. Muchas estaciones de subte son incendiadas así como una garita de policía y un edificio de la compañía multinacional de energía Enel. Se cuentan numerosos heridos.

Temprano en la mañana, Piñera parece haber olvidado su bella imagen de apacible oasis (3). Decreta el toque de queda en diez ciudades, y en un hecho inédito desde el fin de la dictadura, despliega el ejército en las calles. Al día siguiente, el Presidente se presenta ante el país acompañado del ministro de Defensa y de un general de brigada en uniforme de combate. El tono es marcial: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (4). ¿El enemigo? El pueblo, movilizado de norte a Sur, y en particular la juventud, en un movimiento que por su magnitud recuerda a aquellos de los años ochenta contra la dictadura.

La gota que hizo rebalsar el vaso fue el aumento, de treinta pesos del metro. El 7 de octubre 2019, estudiantes secundarios hicieron un llamado a no pagar y a practicar felizmente el salto de los torniquetes. Gracias a las redes sociales, la práctica se extiende. El poder piensa poder apagar el incendio incrementando la presencia policial en las calles; está tirando aceite al fuego. El 25 de octubre, cerca de dos millones de personas toman las calles: la marcha más grande de la historia del país, proclama una prensa obligada, momentáneamente, a contener su apoyo al poder. “¡Chile despertó!”, proclaman algunos. Todos los reclamos fruto de una democratización parcial y de un modelo económico violento resurgen. Las banderas del pueblo Mapuche se izan junto a la bandera nacional en la Plaza Italia, rebautizada “Plaza de la Dignidad”. Las paredes de las ciudades se cubren de consignas y de frescos que denuncian una clase política desacreditada por los casos de corrupción, unas fuerzas armadas manchadas por casos de enriquecimiento ilícito y una Iglesia Católica culpable de mansedumbre frente a los pedófilos en sotana. Por las noches, las calles retumban con conciertos de cacerolas que parecen unir los suburbios populares y los barrios de clase (...)

Artículo completo: 2 454 palabras.

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Franck Gaudichaud

Profesor Titular de la Universidad Grenoble-Alpes y copresidente de la Asociación Francia América Latina (FAL).

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