Chile entre votos y balas

En pleno desarrollo del proceso constituyente -marcado por la pandemia- el clima social y político de Chile se ve particularmente enrarecido. La desconfianza abarca aspectos procedimentales del acto electoral, que se celebrará de forma inédita en dos días, por lo que se han abierto dudas razonables sobre la custodia de las urnas durante la noche entre los horarios de sufragio. La simultaneidad de la elección de convencionales que redactarán la nueva Constitución junto a alcaldes, concejales y gobernadores regionales complejiza la información del proceso, saturando la capacidad de comprensión de la ciudadanía. Pero estos aspectos, netamente electorales, se ven agravados por un fuerte recrudecimiento de la vulneración de los derechos humanos retrotrayendo a la memoria los peores momentos del estallido social de octubre de 2019.

El 2 de febrero pasado se presentó el Primer Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Instituto nacional de Derechos Humanos (INDH) que evaluó el cumplimiento de las recomendaciones al Estado chileno en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 17 de octubre de 2019 y el 5 de noviembre de 2020. En ese acto el director del INDH, Sergio Micco, afirmó que “si hoy tuviésemos que emitir un juicio definitivo, estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno”.

La conclusión del INDH es gravísima: tres de las cinco recomendaciones emanadas en 2019 permanecen como “pendientes de cumplimiento”. La más alarmante se refiere a “asegurar una efectiva justicia para las víctimas”. En concreto, sólo 42 causas han sido formalizadas de un total de 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos en el marco del estallido social hasta el 20 de marzo de 2020. Esto representa sólo el 1,5% e implica que sólo un imputado fue condenado. El informe da cuenta de un incumplimiento que no es solamente por responsabilidad del gobierno, sino que implica a todo el Estado en su incapacidad de asumir las recomendaciones formuladas en 2019. De esa forma, como ha advertido Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, se podría llevar a exigir la responsabilidad internacional de las actuales autoridades a través de los mecanismos del sistema interamericano, de Naciones Unidas y eventualmente el sistema penal internacional.

Por este motivo las elecciones se realizarán en medio de un proceso de profundización de la regresión autoritaria iniciada en octubre de 2019. Esta involución no solamente implica la continuidad de las políticas de negación a la libertad de expresión y de reunión, sino que asumen un abierto agravamiento de la violencia contra los territorios y organizaciones populares. Lejos de los constantes desfiles de carros lanza-agua y lanza-gases, patrullas, tanquetas y retenes móviles por la Alameda y el entorno de la Plaza de la Dignidad, lo que verdaderamente altera el clima social es la implementación de mecanismos de represión selectiva, orientados a intimidar a los liderazgos sociales y espacios asociativos de poblaciones y territorios donde (...)