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Una juventud abandonada

Los “cinco coléricos” sacuden Senegal

Un levantamiento popular de dimensiones inéditas sacudió a Senegal entre el 4 y el 8 de marzo pasado. La represión de las revueltas dejó un saldo de once manifestantes muertos, de entre 12 y 35 años. La imagen de una “democracia” dócil se desmoronó súbitamente en este país del África Occidental. La protesta social, reavivada por las restricciones impuestas por el Covid-19, tiene raíces profundas.

El arresto del diputado Ousmane Sonko, el pasado 3 de marzo, desencadenó una revuelta de la juventud senegalesa, a la que la diáspora aportó su solidaridad mediante manifestaciones pacíficas y una movilización en las redes sociales. El dirigente del partido de los Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) está acusado de violaciones reiteradas con amenazas de muerte por parte de una joven empleada de un salón de belleza, Adji Sarr. El ex inspector de impuestos y bienes se convirtió, a sus 46 años, en el líder de la oposición desde que el exalcalde de Thiès, Idrissa Seck, que quedó segundo, se unió al presidente Macky Sall, a fines de 2020.

El meteórico ascenso de Sonko se inscribe en un contexto de rechazo a la clase política tradicional. Dirigiéndose a la juventud, Sonko formula un programa de reformas basado en la lucha contra la corrupción –endémica en el país– y la soberanía económica y monetaria, sin por ello proponer claramente el abandono del franco CFA. La defensa de Sonko, que denuncia una maniobra del poder, subraya que la justicia inhabilitó oportunamente a otras dos figuras políticas, Karim Wade –hijo del ex presidente Abdoulaye Wade (2000-2012)–, y Khalifa Sall, ex alcalde de Dakar, para participar en las elecciones presidenciales de 2019.

En Senegal, la revuelta popular suele cumplir el papel de regulador de última instancia, cuando las mediaciones tradicionales fracasan (particularmente, las de los guías religiosos). Esto se explica por el carácter fuertemente desequilibrado de un régimen, en el que todos los poderes se concentran en la cima del ejecutivo. Así, en mayo de 1968, la protesta estudiantil había sacudido las bases del régimen de Léopold Sédar Senghor; y, el 23 de junio de 2011, el supuesto proyecto del presidente Wade para que su hijo lo sucediera había suscitado una fuerte movilización. Esta vez, sin embargo, la protesta no vino de los actores habituales –partidos políticos de oposición, sindicatos, “sociedad civil”–, que fueron sorprendidos por la espontaneidad y el alcance de un movimiento acéfalo, compuesto por miles de jóvenes de todo el país.

Cuarteles y ayuntamientos en la mira
Que los jóvenes de 15-24 años hayan sido la punta de lanza del levantamiento popular contra aquello que muchos consideran una deriva despótica –como el escritor Boubacar Boris Diop, quien se lamenta de la instrumentalización de la justicia–, no resulta sorprendente si se tiene en cuenta su peso demográfico (20% de una población estimada en poco menos de 17 millones de personas) y de su situación: 40% de los mismos no tenían empleo ni lugar dentro del sistema educativo en 2017, un porcentaje que seguramente aumentó a causa de la pandemia. El 45% de los niños en edad de recibir educación primaria y secundaria no están escolarizados. En ciertas regiones pobres, como Diourbel, esta tasa alcanza el 70%.

Los sucesivos gobiernos no lograron ofrecer una vida activa decente a esta juventud, acusada de carecer de “empleabilidad” –un concepto que tiene la virtud de dejar de lado la negligencia de las autoridades–. El rol del gobierno, se dice, no es crear puestos de trabajo de manera directa, lo que da a entender que este rol recae sobre el sector privado. Sin embargo, el objetivo de una empresa es, en primer lugar, generar ganancias y, de manera accesoria, generar empleo. Como mal específico de las economías capitalistas, el desempleo no puede ser erradicado si el Estado no se compromete a garantizar un empleo acompañado de posibilidades de formación para quienes estén dispuestos a trabajar por un determinado nivel de remuneración. Una opción perfectamente posible en el marco de un modelo económico basado en la soberanía monetaria –lo que impide el franco CFA– es la movilización de recursos locales y el uso transparente del presupuesto del Estado.

Esta vía ha sido hasta ahora rechazada por los gobernantes, que han dirigido sus esfuerzos hacia el financiamiento de proyectos impulsados por jóvenes –a imagen de la (...)

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Ndongo Samba Sylla

Economista. Autor (con Fanny Pigeaud) de L’Arme invisible de la Françafrique. Une histoire du franc CFA, La Découverte, París, 2018.

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