Por qué los funcionarios japoneses se matan trabajando

Lejos del cliché del agente estatal que vive a salvo de las vicisitudes de la existencia, los altos funcionarios japoneses trabajan en condiciones agotadoras, realizando hasta trescientas horas extras por mes. Las leyes sociales –de por sí muy poco protectoras– no se aplican a ellos. Un número creciente de funcionarios abandona los ministerios, provocando una crisis de la función pública inédita.

Una y media de la madrugada. En el barrio de Kasumigaseki, en Tokio, que reúne a la mayoría de las instituciones del país, interminables filas de taxis rodean los imponentes edificios de los ministerios. Habiendo perdido el último subterráneo, los funcionarios caminan a paso cansado y se desploman en los autos, que desparecen en las profundidades de la noche.

Esta escena ilustra el día a día de los funcionarios estatales en Japón. Si bien son beneficiarios de un estatus envidiable, sin riesgo de desempleo, su vida se asemeja a un vía crucis. Alegando que trabajan para el interés general y que deben hacer frente a las urgencias cuando sea necesario, el Código del Trabajo, que limita el número de horas extras a cuarenta y cinco horas por mes para los otros asalariados, no se aplica a ellos. Asimismo, sus sindicatos están privados del derecho a huelga.

En Kasumigaseki, el tiempo de trabajo de estos kanryos (“funcionarios ministeriales”), la crème de la crème de la elite japonesa, no tiene límite. Según un estudio realizado en 2018 por Iwamoto Takashi (1), profesor de la Universidad Keio (Tokio), el número de horas extras que realizan llega en promedio a cien por mes –siete veces más que en el sector privado–. Y mucho más allá de la “karoshi line”, el umbral de la “muerte por exceso de trabajo”, fijado en ochenta horas por el mismo Ministerio de Salud, que estima que, más allá de esa cantidad, el riesgo patológico es elevado. Además, como el presupuesto para la administración está estrictamente regulado por ley, muy a menudo, esas horas extras no son remuneradas.

“Es habitual que, en Kasumigaseki, los jóvenes dejen la vida en el trabajo. A veces, yo hacía más de doscientas horas extras por mes”, recuerda K. L., un ex funcionario que accede a testimoniar bajo anonimato. Cuando ocupaba un puesto en un ministerio, volvía a su casa en taxi “entre las dos y las cinco de la madrugada, para volver a la oficina alrededor de las ocho de mañana”. “Para mi mujer, era como si yo no existiera, era una suerte de fantasma”, desliza con amargura.

Impacto en salud mental
Así, privados de sueño y de vida familiar, muchos caen en la depresión. Según los datos publicados en 2019 por el sindicato de funcionarios estatales (2), en Kasumigaseki, 32,4% de las personas encuestadas estaban en “mal estado de salud”, “tomaban medicamentos” o “recibían asistencia en el hospital”, mientras que 28% ya habían sentido o sentían “miedo de morir por exceso de trabajo”. En cuanto a la tasa de suicidios, llega a 16,7 cada 100.000 personas, es decir, más de la mitad que en el sector privado, según el estudio de Iwamoto. La Dirección Nacional de Personal, órgano público encargado de la contratación y de la gestión de salarios de funcionarios nacionales, registró seis casos de karoshi en 2019, por 187 a nivel nacional (3).

Esta situación se explica en primer lugar por la organización de los debates parlamentarios y por las características político-administrativas del país. Desde 2012, la mayoría absoluta en las dos cámaras de la Dieta es detentada por el Partido Liberal Demócrata (PLD, derecha) y por su aliado Komeito (centro derecha). Por lo tanto, como el final de la sesión parlamentaria significa el entierro de los textos que están siendo examinados, los partidos de izquierda, en inferioridad numérica, intentan por todos los medios prolongarla y hacer durar las sesiones en comisiones para bloquear los proyectos de ley de la mayoría. Ahora bien, los altos funcionarios son las piezas clave de los temas discutidos en esas instancias.

Además, dado que las fronteras entre los poderes legislativo y ejecutivo son borrosas, muy a menudo ocurre que ellos estén a cargo de presentar proyectos de ley a los diputados de los partidos en el poder, quienes los presentarán a la Dieta. De este modo, colaboran estrechamente con los representantes electos y se ocupan de toda clase de tareas, como la organización de reuniones dentro de los partidos y las negociaciones para que los diputados validen previamente sus proyectos. Como no existen los gabinetes ministeriales, los altos funcionarios preparan las respuestas a las preguntas planteadas a los ministros por parte de las asambleas.

Así, la elaboración de los textos de ley y de los debates en la Dieta les incumben. La mayoría de las veces en plazos muy cortos, en particular para los temas sensibles: las fechas de las comisiones se (…)