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Poder civil y los alcances de los cambios a los cuerpos policiales

¿Quién vigila a los vigías?

“¿Quién vigila a los vigías?” es una pregunta que ha movilizado profundos procesos de cambio en cuerpos policiales y su relación con el poder civil en el mundo cuando la actuación policial no se ajusta siempre a normas vigentes y que conllevan a graves crisis de legitimidad y, en muchos casos, a la comisión de violaciones de derechos humanos.

En Chile, también esta pregunta ha orientado el debate de los últimos dos años respecto a los cambios que necesita el sistema policial y en específico la policía de Carabineros. Ellos, en el marco de las mutilaciones oculares y otras graves violaciones a derechos humanos ocurridas desde 2019, al fraude al fisco y/o de falsificación de pruebas en la operación Huracán y el caso del crimen de Camilo Catrillanca por parte de dicha institución.

Al respecto, tanto la comisión para la reforma policial liderada por el actual gobierno, como la comisión del Senado en la materia coinciden en la necesidad de generar sistemas de control más complejos, externos e internos del desempeño policial. Para ello proponen generar una institucionalidad adhoc para gobernar la seguridad y ejercer el poder civil y político sobre las policías (BNC, 2020). La creación de un Ministerio de Seguridad Pública es una medida que genera consenso político y técnico y sobre lo cual el actual Ministerio del Interior prepara una propuesta concreta. Se apuesta a que con una cartera técnico política especializada en la materia, la respuesta frente al delito y la violencia se despolitice y seamos capaces de dar gobernanza adecuada al problema. Y es que, efectivamente, la experiencia comparada muestra que existen más posibilidades de tener mejor respuesta en este ámbito si se cuenta con equipos técnicos permanentes en el nivel central (que no roten con cada cambio de gobierno), con menos presión política, con políticas públicas basadas en evidencia y con una arquitectura institucional que permita una respuesta integral (de prevención y control) que coordine la oferta pública y ejerza el mando sobre las policías.

Sin embargo, el debate y desarrollo de esta propuesta ocurre al mismo tiempo que leemos las declaraciones entregadas hace unos días por el General Director de Carabineros en una extensa entrevista en un medio periodístico nacional. En estas declaraciones fuimos “informados”, que no es necesario desmilitarizar la institución, que la malla de formación ya se mejoró, que aún falta mejorar sueldo a civiles, falta acreditar la formación de suboficiales y que no es necesario unificar los escalafones. En suma, que los cambios en los cuales Carabineros ha participado de manera activa serían suficientes. No hay necesidad de reforma o refundación, sino que bastan, nos asegura el General Director, los procesos de modernización que se debaten en el Congreso Nacional.

Con estas palabras el General Ricardo Yáñez da una señal clara de cuál es la posición de la policía preventiva respecto a las propuestas y del alcance que puede tener el proceso de reforma. Pero también, según la misma autoridad policial, parece no ser necesario debatir sobre el control civil en esta materia, pues este ya existe y no es necesario mucho más. Sin embargo, como varios organismos internacionales señalaron frente a las denuncias de violaciones a los (...)

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Alejandra Luneke* y Javier Velázquez*

*Académica Universidad Alberto Hurtado.
**Académico Universidad de La Frontera.

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