Entre mercancía y derecho

No podemos hablar de vivienda, sin hablar de ciudad. Numerosas investigaciones en las últimas décadas han estudiado el rol clave del neoliberalismo en la producción de ciudades desiguales, segregadas e injustas, pero es importante recordar que esas injusticias no nacen con el neoliberalismo, sino que vienen desde las fundaciones de nuestras ciudades del “nuevo mundo” por los conquistadores.

El régimen colonial fue fundado sobre la exclusión de las grandes mayorías de indígenas y mestizos, a través de un régimen de acumulación basado en la explotación y la segregación socio-espacial. El problema de la vivienda es un reflejo de esta condición y debemos comprenderlo desde un enfoque de economía política, como un constante conflicto entre por un lado, la hegemonía de la vivienda y la ciudad como mercancía y por otro, la lucha por derecho a la vivienda y a la ciudad.

La cuestión social de fines del siglo XIX hizo que fuera la filantropía religiosa y patronal la que diera las primeras respuestas al problema de la vivienda. Posteriormente Chile sería precursor en América latina en la legislación habitacional, con la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que tuvo un impacto en la acción higienizadora, pero fue marginal en la construcción de viviendas. No sería hasta la década de 1950, que un verdadero esbozo de política de vivienda se pondría en marcha desde el Estado, con un protagonismo central de un nuevo actor que vería la luz en 1951, la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio de los empresarios de la construcción.

El predominio del mercado
Lo que conocemos históricamente en Chile como “vivienda social” en realidad no lo es desde la comprensión de otras latitudes. Sino que en Chile se trata de un sistema de acceso a la propiedad privada con subsidios del Estado o exenciones tributarias, una mercancía transable con ayudas desde el Estado. Los teólogos del liberalismo y luego del neoliberalismo han tratado por décadas de convencernos que ese traspaso de capital económico hacia los particulares podría sacar a las familias de la “pobreza”, repitiendo el mantra de “transformar un país de proletarios, en uno de propietarios”. Los sistemas de “vivienda social” en el mundo, por el contrario, incluyen viviendas sociales (municipales, estatales o paraestatales) en su gran mayoría en arriendo, en propiedad colectiva y cooperativa y, en menor medida, ayudas en acceso a la propiedad re-invirtiendo una gran parte de los montos en crear un área de propiedad pública o común, que además sirven como freno a procesos especulativos como la gentrificación.

La política subsidiaria de vivienda en Chile, instalada e impulsada por la dictadura, exportada al mundo por los Chicago Boys, única por su radicalidad neoliberal y mercantil, más que una política de vivienda, habría que comprenderla como un mecanismo financiero de apoyo al sector privado de la construcción, representado por el poderoso gremio de la Camara Chilena de la Construcción, el cual está incluso en el origen de la creación del Ministerio de la Vivienda en la década de 1960. Hoy en 2021, esta misma CChC es uno de los grupos económicos más poderosos de Chile, controla la segunda AFP, la mayor Isapre y la tercera aseguradora. Su gestión como grupo que equivale al 20 % del PIB y tiene además extensos vínculos políticos.

El problema del suelo, un bien escaso y no infinito, se hace latente con la liberalización del mercado de suelo durante la dictadura, en contraste con la política de planificación urbana implementada durante los años del Estado desarrollista planificador desde los 50 hasta comienzos de los 70. Los resultados socialmente nefastos de esta política los vemos hoy en las millones de viviendas sociales monótonas, de mala calidad y pocos metros cuadrados, localizadas en las periferias. El sistema de subsidio habitacional, que continúa hasta hoy, significó un cambio trascendental en cuanto dirigía la demanda de vivienda hacia el mercado. Tras la crisis de 1982 y en (...)