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En Francia persisten las trabas para conocer la verdad

Los archivos secretos sobre Ruanda

“Abrumadoras responsabilidades”: el 26 de marzo de 2021, tras dos años de labor, la comisión de investigación sobre los archivos franceses relativos a Ruanda y al genocidio de los tutsis (1990-1994), dirigida por el historiador Vincent Duclert, arroja nueva luz sobre la actuación de Francia en este pequeño país del África de los Grandes Lagos. Pero aún quedan zonas grises, por el secreto que envuelve la política africana de París y por lo difícil que resulta acceder a los documentos oficiales de la época.

Si bien los militares implicados ya no están sometidos al deber de confidencialidad, el acceso a los archivos sigue sujeto a autorizaciones excepcionales. El código del patrimonio (artículo L. 213-4) impide la apertura de los archivos del Ejecutivo (Presidencia y Gobierno) durante un mínimo de veinticinco años. El caso es que, según el jurista francés Bertrand Warusfel, la mayor parte de los secretos, incluso los militares, dejan de ser relevantes al cabo de diez o quince años (1). Bien es verdad que los investigadores pueden solicitar derogaciones, pero estas dependen de la voluntad discrecional del propio Ejecutivo. Se ha dado por ejemplo el caso de que, en tal momento, todos los investigadores podían consultar el mismo telegrama diplomático con fecha de 1993 en La Courneuve (archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores), pero tenían que solicitar autorización si querían hacerlo en Pierrefitte (Elíseo); al revés, se podía acceder a la misma ficha de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) en Pierrefitte, pero no en Vincennes (Ministerio de los Ejércitos)...

Apoyo a dictaduras
Las autoridades francesas tienen otra forma de poner coto a la curiosidad de ciudadanos e investigadores: el secreto de defensa. Pese a su nombre, este puede proteger archivos sin relación alguna con la defensa del territorio. Según un informe oficial de 2018, están clasificados bajo ese epígrafe cinco millones de documentos, de los cuales menos de la mitad son del Ministerio de los Ejércitos; los demás proceden del Ministerio del Interior, o tienen que ver con la energía nuclear civil, o incluso... con la agricultura (2). Los documentos que el Ministerio de los Ejércitos desclasifica suelen ser irrelevantes, incompletos o expurgados. “La documentación desclasificada es literatura infantil”, suelta Marc Trévidic. El exjuez antiterrorista cuestiona la conformidad con la Constitución de un principio que permite que el Ejecutivo ponga trabas a la justicia en temas “sensibles” (3).

Uno de ellos es la política francesa en Ruanda entre 1990 y 1994. Como todos los presidentes de la V República, François Mitterrand, en aras de la “estabilidad” del continente, apoyó regímenes autoritarios considerados favorables a Francia. Así sucedió en 1990 con el del presidente Juvénal Habyarimana, amenazado por la rebelión del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que hoy ejerce el poder. El Elíseo tomó entonces las decisiones en solitario, marginando al Parlamento y a la mayor parte del Gobierno, como lo confirma el informe Duclert. Se ignoraron sistemáticamente las informaciones sobre los preparativos de un genocidio de los tutsis; quienes alertaron de la situación, como el coronel René Galinié, agregado de defensa en Kigali, el general Jean Varret, jefe de cooperación militar, y Claude Silberzahn, jefe de la DGSE, fueron apartados y sustituidos.

En 1993, al hacerse públicas las acusaciones (4), el Elíseo y el Estado Mayor activaron contrafuegos mediáticos: la prensa se hizo eco del relato simplificador acerca de un régimen legítimo atacado por un movimiento armado extranjero con base en Uganda y favorable a los intereses anglosajones (los “jemeres negros” del FPR). Tal negación, arraigada en el secreto de las deliberaciones gubernamentales, duró un cuarto de siglo. Tras el atentado del 6 de abril de 1994, en el que murieron el presidente Habyarimana y su homólogo burundés Cyprien Ntaryamira, los decisores franceses se atrincheraron en el apoyo a los extremistas hutus, mientras estos se dedicaban a asesinar a sus principales opositores, tomaban el poder y emprendían la exterminación sistemática de los tutsis. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre el 7 de abril y el 17 de julio de 1994, 800.000 hombres, mujeres y niños fueron masacrados (5). ¿Cómo entender la actitud de las autoridades francesas? Solo el acceso a los archivos permitirá contestar esta pregunta.

Audiencias a puertas cerradas
En lo esencial se trata de unos diez mil documentos del Elíseo, depositados en los Archivos Nacionales de Pierrefitte y de, más o menos, otros tantos del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos numerosos telegramas diplomáticos y unos quinientos expedientes de la DGSE, de los que a menudo existen copias en varios fondos. Hay que añadir unos doscientos mil documentos de interés muy variable, dispersos en el Servicio Histórico de la Defensa (SHD) de Vincennes. Un total de unos veinte metros lineales.

Bajo la creciente presión de periodistas y asociaciones, el Parlamento, el poder judicial y los sucesivos presidentes Françoi Hollande y Emmanuel Macron, autorizaron cada uno la desclasificación de varios miles de documentos. Pero la ciudadanía sigue sin poder acceder a la mayoría de la documentación, al tiempo que las condiciones de consulta de los otros disuaden la investigación, especialmente por la imposibilidad de sacar copias. También está prohibido publicar estos documentos en línea. Los más difíciles de acceder son los archivos del Ministerio de los Ejércitos, que ni siquiera figuran en el inventario del SHD (6).

Las autoridades públicas reaccionaron con lentitud y cautela a las interpelaciones de quienes investigaban y encuestaban. Así, las revelaciones del periodista Patrick de Saint-Exupéry en Le Figaro (del 12 al 15 de enero de 1998) que cuestionaban la actitud de Francia durante el genocidio llevaron a la creación de una simple misión de información parlamentaria (MIP) el 3 de mayo de 1998, cuando lo más eficaz hubiera sido una comisión de investigación. “Sé que algunos archivos aparecieron después de concluir la misión parlamentaria –lamentó a posteriori el coronel André Ronde, a quien se encomendó la misión de responder a las solicitudes de los parlamentarios. Entonces, ¿fue intencionado o no? La verdad es que lo ignoro” (France Culture, 7 de abril de 2016).

Sobre otros puntos, la MIP se autocensuró. Por ejemplo, no llamó a declarar al capitán Paul Barril, exgendarme del Elíseo posteriormente convertido en mercenario, a pesar de que su nombre sale a menudo a relucir en las investigaciones sobre Ruanda. Ciertamente, la MIP celebró numerosas audiencias, pero algunas fueron a puerta cerrada, como las de los directores de la DGSE o de muchos militares. No publicó la carta del general Jean Rannou, con fecha del 15 de junio de 1998, que daba un parte exhaustivo de las (...)

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François Graner

Investigador, miembro de la asociación Survie. Autor, con Raphaël Doridant, de L’État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, Agone-Survie, Marsella, 2020.

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