Un nuevo pacto para ciudades y viviendas dignas

Una severa crisis urbana asoma en nuestros territorios y ciudades, se trata de un ciclo urbano y económico de fuertes presiones sobre los límites físicos, ambientales, económicos y sociales de nuestros barrios, ciudades y territorios, con graves consecuencias para nuestra salud, bien estar y equilibrio ecológico.

La presión es local y mundial a la vez, un capitalismo de tipo financiero en conjunto a la industria inmobiliaria y de tecnologías, más el uso de datos masivos, han encontrado en la producción y gestión del suelo urbano residencial, así como de la producción de infraestructura en transporte, un recurso a explotar de exorbitante rentabilidad, que impulsa el crecimiento económico, pero no el desarrollo. El neoliberalismo encuentra en ellos un nuevo impulso.

Los mercados inmobiliarios amenazan la convivencia y el bienestar cotidiano de comunidades. En espacios cada vez más reducidos y densos, territorios donde el medioambiente y bienes comunes son sobreexplotados, también se tensiona a los sistemas públicos de acceso a una vivienda adecuada, así como estresa la distribución y gestión territorial de los servicios urbanos cada vez más determinantes para la vida digna de las personas.

Se suman a estas presiones y tensiones, las viejas desigualdades acumuladas en estos últimos 30 años. Hoy además agudizada por la pandemia, con efectos en la vida, el trabajo y las economías familiares, pero también por los fenómenos de desplazamiento de población especialmente latinoamericana, que asciende sobre 1, 5 millones de personas según el INE.

De acuerdo con Fundación Techo, 80 mil familias hoy se encuentran en campamentos luego de la pandemia y este proceso de pauperización crece explosivamente desde la revuelta social de octubre de 2019. A ellos se suman, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 30 mil familias que, disponiendo de un subsidio del Estado en la mano, no logran encontrar un lugar digno donde vivir y criar a sus hijos. Esto se evidencia principalmente en las grandes áreas metropolitanas donde el valor del suelo lo dificulta, y donde la industria inmobiliaria captura las mejores localizaciones para la demanda privada. Donde incluso el Estado prefiere entregar a la oferta privada el suelo público disponible, como es el caso de los predios fiscales en poder de las Fuerzas Armadas.

Así las cosas, el sistema de provisión pública de vivienda social y económica está colapsado y las fórmulas que emergen desde el Estado son en lo fundamental más de lo mismo.

Agenda oculta
La presente era de políticas públicas de vivienda nace en 1980 junto con la reforma al Estado, donde se pasó a un sistema robusto de subsidios públicos a la demanda para la adquisición de una vivienda social y un modelo asistencial de cuño neoliberal que redefinió el concepto de vivienda social: (...)