Al fin las multinacionales son sujetos de derecho y pagarán (un poco)

En 2017, Google registró más de 20.000 millones de euros en sus cuentas en Bermudas, luego de haberlos hecho transitar por diversos paraísos fiscales. Ese año, en Francia, la empresa sólo había pagado 14,1 millones de euros de impuestos a las ganancias –una propina–.

Oficialmente, los 700 ejecutivos que empleaba en ese país no le vendían nada a Francia; simplemente asistían a la filial irlandesa del grupo: las cuentas estaban a nombre de esa filial bajo los auspicios clementes de aquel paraíso fiscal europeo (1). En cuanto a Amazon, el gigante de la distribución on line, esquiva, año tras año, el impuesto federal sobre la renta de las compañías en Estados Unidos y llegó incluso a declarar pérdidas en el Viejo Continente en el momento mismo en el que una crisis sanitaria hizo explotar sus ingresos (2). En la primavera boreal, la organización independiente ProPublica confirmaba que, en tanto personas particulares, multimillonarios célebres –Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Warren Buffett, Carl Icahn, Elon Musk y George Soros– no pagaban (o casi) impuestos en Estados Unidos, aprovechando todos los subterfugios que la legislación pone a su disposición (3).

Cortocircuito parcial
Paradójicamente, sólo Estados Unidos, el mejor aliado de las multinacionales, parece actualmente capaz de hacerles frente sobre cuestiones de fiscalidad e inversiones extranjeras. Fue necesario que el presidente Joseph Biden abogara frente a sus socios del G7 en favor de un impuesto universal del 15% aplicado al ingreso consolidado de las multinacionales (es decir, el ingreso acumulado por el conjunto de sus filiales) para que el resto de los países, comúnmente apáticos en la materia, le siguieran el paso. Nada que ver con el risible e inútil “se acabaron los paraísos fiscales y el secreto bancario” lanzado por el presidente francés Nicolas Sarkozy en ocasión de una cumbre del G20 en 2009.

Por lo demás, la tasa retenida para este impuesto universal, el 15%, es mínima, sino irrisoria. Corresponde a la propina que dejan habitualmente los clientes de un restaurante en América del Norte. Sin embargo, pone de manifiesto una paradoja tenaz: el presidente estadounidense se revela con frecuencia más potente a escala diplomática mundial que en su propio país. Mientras que Biden pudo exigir la adopción de su propuesta a sus pares internacionales sin encontrar resistencia, fue incapaz de convencer a los republicanos en el Congreso para incrementar ese impuesto al 21% en Estados Unidos. Su objetivo inicial era fijarlo en 28%. Una ambición al fin y al cabo modesta: era del 35% cuando Donald Trump entró con sus valijas a la Casa Blanca en enero de 2017...

En los últimos años, todos los países importantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujeron sus niveles impositivos, buscando imitar a los paraísos fiscales en lugar de luchar contra ellos. En Alemania, Canadá, Francia o en los países escandinavos la tasa oficial se redujo bien por debajo del 30% durante la década de 2010. Y, en los hechos, las multinacionales multiplicaron las estratagemas para hacerla disminuir más aun.

El economista Thomas Piketty tiene razón al afirmar que, con una tasa tan baja, avalada por los mismos Estados, la medida parece consagrar un régimen fiscal privilegiado para las multinacionales. “Al validar el hecho de que las multinacionales pueden continuar localizando a piacere sus beneficios en los paraísos fiscales, con una tasa del 15% como todo impuesto, el G7 hace oficial la entrada a un mundo en el que los oligarcas pagan estructuralmente menos impuestos que el resto de la población”, escribía en Le Monde el 12 de junio pasado. Y los países del Sur no recibirán ningún beneficio de este nuevo contexto. Continuarán extrayendo escasas ganancias del sistema fiscal internacional mientras su comercio internacional se reducirá siempre a las materias primas, oficialmente poco rentables y por lo tanto poco imponibles.

Sin embargo, si se la considera desde el punto de vista jurídico, y no únicamente desde los ingresos fiscales, la medida propuesta por Biden constituye un avance. Confiere a las multinacionales el estatuto de sujetos de derecho, (...)