La aparición en Chile de la variante Delta del virus Covid-19 ha colocado en aprietos la estrategia gubernamental de ataque a la pandemia, luego de dejar en evidencia las falencias de los controles y seguimientos a quienes son portadores de la enfermedad. La trazabilidad de casos ya venía debilitada desde el verano, lo que se ha manifestado en la “meseta” que muestran los gráficos de contagios y la persistencia en las cifras altas de muertes que, según el DEIS, superan los 40 mil fallecidos, incluidos los casos sospechosos.
Los altibajos en los contagios han seguido siendo la base de las medidas que toma el gobierno -en una mesa de decisiones donde participa directamente el presidente- para decretar el ingreso o salida de las comunas en cuarentena, lo que finalmente ha redundado en que éstas se han hecho rutina y de escaso acatamiento de la población. Tanto es así que, desde hace unas semanas, ya no es requisito que las comunas bajen sus números sino además se ha sumado el criterio de “agotamiento pandémico”.
Esta última definición es un claro indicador de las falencias de la estrategia del gobierno; es el reconocimiento que las cuarentenas -sin que la población cuente con recursos económicos para hacerlas efectivas- no son útiles si no hay apoyo del Estado. El desacople es evidente: cuando aún no se hacía efectivo el pago del Ingreso Familiar de Emergencia de carácter más universal aprobado por el Congreso, el gobierno movió hacia adentro o fuera del confinamiento a más de 40 comunas de todo el país.
El estancamiento del combate al Covid-19 llevó al Colegio Médico a proponer un nuevo plan para hacer frente a la pandemia. El Plan “Vivos nos queremos”, que plantea una nueva estrategia que apunta a la eliminación del virus y recoge experiencias de otros países, ha sido ignorado por el gobierno y fustigado por los grandes empresarios (1). La economía sigue estando por encima de la salud de la población.
La pandemia viral sigue siendo manejada -dicen los (…)
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