La nacionalización del cobre y la historia

Cuando se estudia desapasionadamente la nacionalización del cobre, aprobada por el Congreso el 11 de julio 1971 por unanimidad, resulta evidente que no habría podido concretarse sin deshacer previamente las tres “sociedades mixtas” entre el Estado y las multinacionales creadas en 1965, bautizadas “chilenización”, y las dos formadas en 1969, presentadas como “nacionalización pactada”. En efecto, las cinco tenían un estatuto legal especial destinado a evitar la nacionalización. Sin embargo, los últimos años circula un relato persistente que reduce la nacionalización a una simple “continuación” de la “chilenización”.

La construcción de una narrativa
Se escucha con frecuencia una afirmación que figura en Wikipedia: la nacionalización de 1971 “completó el proceso” iniciado por Frei en 1965. Memoria Chilena dice que al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva “quedó abierto” el camino de la nacionalización. Genaro Arriagada en su libro contra el Gobierno de la UP afirma que “desde 1965, Chile asumió el control de la comercialización del cobre” y pudo aprovechar el alza de los precios provocada por la guerra de Vietnam. Concluye que la nacionalización de 1971 “fue comprendida simplemente como la continuación de una política en que todos estaban de acuerdo y cuyo inicio databa de antes” (1). Aserciones, como veremos, bastante lejanas a la realidad.

Reducir la nacionalización de 1971 a un acto que “completa” las iniciativas cupríferas de Frei, conforta la visión que proyectan del pasado quienes han gobernado a partir de 1990. Por una parte, presenta las “sociedades mixtas” de Frei como iniciadoras del proceso y, por otra, relega al gobierno de la UP al rol menor de simple continuador. No es la primera vez, por supuesto, que dirigentes políticos retocan el pasado para justificar políticas del presente. Pero las cosas no acontecieron así. Corresponde a los historiadores restituir y explicar los procesos históricos, con independencia.

Las “sociedades mixtas”
A inicios del gobierno de la UP, operaban las “sociedades mixtas” creadas en 1965: El Teniente, Minera Andina y Minera Exótica, con 51%, 30% y 25% de acciones del Estado, y 49% de la Braden, filial de la Kennecott, 70% y 75% de la Anaconda. El gobierno de Frei otorga a los convenios que las crearon el rango de “contrato-ley”: durante 20 años, el Estado enajena sus prerrogativas de modificar el régimen tributario, aduanero, etc., y las multinacionales conservan la administración, dirección técnica y ventas al exterior, aun cuando Chile es socio mayoritario.

Además, como compensación al compromiso de las compañías de invertir para aumentar la producción y manufacturar en el país una buena parte del mineral, el gobierno concede un paquete excepcional de franquicias, liberaciones de impuestos y medidas preferenciales. Un buen ejemplo es el decreto del Ministerio de Minería que autoriza una inversión de U$99 millones de la Chile Explotation en Chuquicamata, vinculada a una batería de franquicias, derechos especiales, y beneficios tributarios (2).

Entre 1965 y 1970 el precio del metal dobla de 29 a 60 centavos la libra. Como los impuestos habían disminuido mucho, la Braden y la Anaconda obtienen ganancias exorbitantes, aun con el 49%, 70% o 75% de las acciones. Entre 1960 y 1964, la Braden con el 100% de las acciones, tiene una ganancia anual de U$62 millones; después de la chilenización en 1965, con 49% de las acciones, su beneficio salta a U$156 millones. No así el Estado, ya que la venta es efectuada por una filial. Otra cifra: de 1965 a 1970, Chuquicamata, Salvador y El Teniente –recuerda Salvador Allende– tuvieron utilidades por 650 millones de dólares. Chile no pudo percibir esa suma colosal.

En 1969 es evidente que el régimen fiscal anterior era mejor para el país que la “chilenización”. El clamor por nacionalizar va in crescendo, incluso en la DC, a tal punto que Frei, acompañado por su ministro Alejandro Hales, informa al embajador Edward Korry que es indispensable negociar con la Anaconda, propietaria de Chuquicamata. Designa cinco negociadores (Hales, Zaldívar, Claro, Massad y Pulido) con instrucciones de no tomar ninguna decisión sin consultar al embajador (3).

Así nacen las sociedades mixtas Compañía de cobre El Salvador y la Compañía de cobre Chuquicamata después que Chile firma pagarés por el 51% de las acciones de dos filiales de la Anaconda. El convenio, llamado “nacionalización pactada”, prevé que los (...)