Tigray, víctima de la reconciliación entre Eritrea y Etiopía

Postergadas desde hace un año, las elecciones legistativas etíopes se llevaron a cabo el 21 de junio en todo el país, menos en Tigray. Desde noviembre de 2020, esta región autonomista es víctima de una guerra de un rara violencia contra los civiles. La implicación –primero secreta– de tropas eritreas en los combates ilustra el nuevo juego político y diplomático de Adís Abeba.

Las camionetas pick-up recorren las calles desiertas, cargadas de AK-47 apuntando al cielo; el repiqueteo de las ametralladoras resuena en la noche... En el sureste de Sudán, Al Qadarif suscita una impresión de fin del mundo. Esta capital regional, desprovista de infraestructura básica, constituye el límite más o menos seguro de una larga franja de tierra por la que circulan grupos armados de todo tipo, a pesar de los múltiples puestos de control militares. En el triple punto donde confluyen las fronteras con Etiopía y Eritrea se extiende el Triángulo de Fashaga, 250 kilómetros cuadrados de tierra fértil que se disputan Adís Abeba y Jartum. Es en esta zona, de por sí inestable, donde decenas de miles de civiles han buscado refugio desde el estallido de la guerra que hizo estragos en el Tigray etíope, el 5 de noviembre de 2020. El día anterior, el Frente de Liberación del Pueblo del Tigray (FLPT) lanzó una serie de ataques contra bases del ejército nacional, suscitando una respuesta inmediata de Adís Abeba. La guerra se ha cobrado ya miles de muertos, entre los cuales ocho miembros de asociaciones humanitarias, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1). El 9 de noviembre, según Amnesty International, cientos de personas fueron masacradas por una milicia tigray, en Mai Kadra.

El Motwakil, una suerte de hotel vetusto de dudosa higiene, alberga organizaciones no gubernamentales (ONG) que se movilizaron para responder a la crisis humanitaria. El establecimiento se ha transformado en una base de operaciones para los tigray: médicos, ingenieros, enfermeros que acudieron desde Estados Unidos o Canadá para supervisar los campos de refugiados instalados apresuradamente en Sudán, en particular en las localidades de Al Qadarif y Kassala. Esta repentina afluencia de apoyo exterior revela una diáspora numerosa, estructurada en redes y con importantes medios financieros a disposición.

Hundido en uno de los grandes sillones de cuero del ajado vestíbulo, un hombre de unos cincuenta años, con aspecto preocupado, hace malabares con los teléfonos de la mañana a la cena. Teklaw H., que se presenta como el jefe de su “tribu”, acaba de llegar de Chicago, donde reside. Coordina con las autoridades locales el trabajo de una miríada de grupos de apoyo informales. El principal desafío consiste en obtener pases por parte de los militares que controlan el acceso a los campos de refugiados. La propensión a hablar con los periodistas sugiere que H. también desempeña un discreto papel político. “Nuestro peor temor desde hace treinta años se ha concretado: estar atrapados entre un gobierno central hostil y el enemigo eritreo”, explica este exrebelde tigray cuya madre y hermanas se encuentran en el campo de Um Rakuba.

Este conflicto es en efecto el escenario de un espectacular vuelco de las alianzas militares. Etiopía tiene el apoyo de Eritrea, su antigua provincia, que se independizó en 1993 tras una guerra de dos años donde el FLPT, en ese entonces en el poder en Adís Abeba, jugó un rol decisivo (2). Los tigray también estuvieron en la vanguardia de la guerra fronteriza que enfrentó a los dos países entre 1998 y 2000 (3). En julio de 2018, apenas instalado en el poder, el primer ministro etíope Abiy Ahmed, alentado por Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), deseosos de pacificar el Mar Rojo, había alcanzado un inesperado acuerdo de paz con Asmara, restableciendo las relaciones diplomáticas entre los dos hermanos enemigos tras veinte años de guerra fría. En retrospectiva, esta reconciliación sonaba como una advertencia para el FLPT (4). Asmara es ahora el aliado de su antigua metrópoli contra los tigray.

Durante meses, Abiy negó la implicación de los eritreos. Fue recién el 18 de abril de 2021 que Asmara confesó, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU (5). Las imágenes condenatorias, que los refugiados denunciaron a través de sus teléfonos, mostraban desde hace tiempo a soldados eritreos burdamente disfrazados con viejos uniformes etíopes, delatados por su acento. “Vistas desde el exterior, las desmentidas de Etiopía eran ridículas. Pero muchos partidarios de Adís Abeba creyeron la propaganda y Abiy no podía permitirse reconocer la evidencia demasiado pronto –analiza el sociólogo Roland Marchal, especialista en el Cuerno de África–. Habría significado admitir que uno de los objetivos de la guerra, es decir, restablecer su soberanía en Tigray, simplemente había sido entregado al presidente eritreo Issayas Afeowrki.” Este último salió doblemente ganador de los acontecimientos: mientras contenía la inestabilidad en sus fronteras, arrancaba una estridente venganza a los tigray, principales artífices de la humillante derrota de su país frente a Etiopía en el año 2000.

En el otoño de 2020, fue una nueva postergación de las elecciones generales, inicialmente previstas para fines de agosto, la que provocó el estallido en Tigray. El gobierno central había justificado el primer aplazamiento por la pandemia de Covid-19, y el segundo a causa de problemas logísticos. En septiembre, la región organizó por sí sola el escrutinio, inmediatamente rechazado por Adís Abeba. Casus belli, la postergación de las elecciones generales –que finalmente tuvieron lugar el 21 de junio de 2021, excepto en Tigray– fue sólo la chispa que reavivó los brasas aún encendidas. “Todo el mundo quería terminar peleándose. La guerra era previsible, e incluso inevitable”, confirma Marchal. En efecto, Abiy se había propuesto acabar con el control que las elites trigay ejercían sobre Etiopía desde la caída del Derg, la junta marxista-leninista de Mengitsu Hailé Mariam, en 1991. El Partido de la Prosperidad, que fundó en 2019, levante la bandera del patriotismo y promueve la idea de medemer (“sinergia”), un concepto definido con un florilegio de palabras vacías en la página oficial de Facebook del primer ministro: “estímulo para trabajar juntos por una visión compartida hacia un objetivo mutualmente beneficioso, que se basa en los éxitos pasados, mientras se esfuerza en corregir los errores para crear una unión más armoniosa”. Pero se trata, sobre todo, de liquidar la pesada herencia del FLPT, que sujetó las riendas federales desde 1991 hasta 2018.

“No me interesa mucho la política y no me gusta Abiy –asegura, por ejemplo, Michael Hunde, empresario del sector farmacéutico en Adís Abeba–. Pero, para mí, la gente del FLPT es diabólica. Se han atiborrado durante los veintisiete años en que dirigieron el país, que jamás intentaron desarrollar en beneficio de los etíopes. Me solidarizo con el sufrimiento de los tigray, pero, si quieren salir de esto, deben abandonar el FLPT”. Hay que remontarse a 1991 para entender de dónde viene el reproche de un “privilegio tigray”. Tras su marcha victoriosa sobre Adís Abeba y la precipitada huida de Mengistu, el FLPT colonizó todas las esferas del poder. La disolución de las estructuras del Derg le permitió acaparar el 90% de los puestos del nuevo ejército, antes de asumir el control exclusivo de los servicios de inteligencia. “El sistema que habían establecido para vigilar a la población era muy denso, basado en el principio orwelliano de ‘uno cada cinco’ –explica René Lefort, investigador independiente especializado en Etiopía–. Cada individuo vinculado al partido era responsable de vigilar los cinco hogares más cercanos al suyo y, por supuesto, informar de todo a su superior”. Aregawi Berhe, miembro fundador del FLPT antes de convertirse en disidente y vivir algunos años en el exilio, afirma que la proporción descendía a “uno de tres” en algunas zonas.

Así es como los miembros del FLPT se constituyeron como una elite burocrática. Desde el comisario de policía al simple responsable de asuntos sociales o agrícolas de una subprefectura, todas las cadenas de mando (...)