Tormenta sobre el Banco del Líbano

La relectura de los archivos ofrece pruebas implacables. En el verano de 2018, el Banco del Líbano (BdL) celebró sus 55 años de existencia. Fue también el aniversario número 25 de la llegada de Riad Salamé a la cabeza de la institución; desde entonces fue confirmado en su cargo cada seis años por el gobierno –una longevidad excepcional para un banquero central (1)–. El operador LibanPost emitió una estampilla con la efigie del gobernador para la ocasión. Distribuido a un amplio público de viajeros, la revista de a bordo de Middle East Airlines (MEA) subrayó su importancia dedicándole un dossier ditirámbico al Banco Central. El BdL simboliza la “resiliencia libanesa”, proclamaba el bimensual. Por su parte, Salamé es “por excelencia, un hombre-institución”, la encarnación “de la confianza en el Líbano, en su sector bancario [...]. Es el gobernador al servicio de la libra libanesa”, se leía en la pluma del columnista, que no era otro que el director general de MEA.

Hay una explicación para este tono complaciente. Algunos pasajeros tal vez lo ignoren, pero MEA es propiedad en un 99% del BdL, que tomó su control cuando esta rozó la quiebra, en 1996. Dicho de otro modo, el jefe del director general de MEA es Salamé. La privatización parcial o total de la compañía es un tema que vuelve una y otra vez desde su recuperación en los años 2000. Reclamada por los donantes extranjeros del Líbano y muchas veces presentada como una prioridad por el gobernador, nunca ocurrió. Sin embargo, el BdL, como cualquier otro banco central en el mundo, no tiene vocación de gestionar activos comerciales. Ya sea que se trate de una compañía aérea o, más insólito aun, de una sala de juego, como es el caso del Casino del Líbano, sobre la costanera de Beirut, en el que tiene una participación indirecta que ha conservado siempre.

Explosión en el puerto
Aun cuando era particularmente adulador, el estilo del artículo de la revista de MEA no desentonaba entre el concierto de elogios dirigidos al BdL, considerado antes de la crisis que vive hoy el país como la única institución operativa del Líbano, mientras que su gobernador era aclamado, en el plano interno y en el exterior, por su habilidad para preservar la estabilidad de la moneda nacional, la libra, y la del sistema bancario y financiero. Sin embargo, en el verano de 2018, el panegírico tenía todo el aire de un paragolpes mediático: desde hace algunos meses, el Líbano era presa de rumores de devaluación. A pesar de las negativas del BdL, los libaneses comprendían poco a poco que su economía estaba agonizando. Apenas un año más tarde, en octubre del 2019, la ira social estallaba en Beirut y se propagaba al resto del país (2). La libra comenzó a vacilar en el mercado negro. En marzo de 2020, en plena pandemia de Covid-19, el Estado incumplió el pago de la deuda externa por primera vez en su historia; luego, el 4 de agosto, se produjo una gigante explosión en el puerto de Beirut. El Líbano se hundió en un abismo del que aún no ha tocado fondo (3). Con apenas un acceso limitado a sus ahorros en divisas debido a las medidas destinadas a preservar las reservas internacionales, la población sufre una importante escasez de medicamentos y de productos de primera necesidad, mientras que los cortes de luz son cotidianos. Estallan peleas en las interminables filas que se forman antes del amanecer en las estaciones de servicio, y los comerciantes pasan la noche en sus locales por miedo a que los saqueen. La mitad de la población vive actualmente por debajo de la línea de pobreza. Según el Banco Mundial, el Líbano afronta una de las tres peores crisis económicas que ha conocido el mundo en tiempos de paz desde el siglo XIX (4).

Para el BdL, el vuelco de la opinión pública es brutal. Su adulador informe no es más que una cortina de humo, y las decisiones tomadas por Salamé para reaccionar a la crisis son hoy consideradas por los libaneses como el error que faltaba para terminar de destruir su poder adquisitivo. Se lo culpa de no haber puesto en marcha un control oficial de capitales cuando la libra comenzó a devaluarse, dejando así que las grandes fortunas se fuguen al exterior. Se le reprocha también haberse dejado estar en los procedimientos de auditoría que iban a arrojar luz sobre las prácticas y las cuentas del BdL, una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un plan de apoyo financiero. El resentimiento, finalmente, es aun más vivo en tanto las acusaciones de enriquecimiento ilícito que apuntan al gobernador y a algunos de sus allegados se acumulan, aunque éste se defienda enérgicamente. Salamé es en la actualidad objeto de varias demandas en el Líbano, en Francia y en el Reino Unido, y está en el centro de una solicitud de asistencia jurídica recíproca presentada por Suiza en el Líbano. (...)